La Justicia deniega una de cada tres órdenes de protección que se solicitan en Cantabria

5,5

denuncias se presentan de media cada día en Cantabria por asuntos relacionados con la violencia contra la mujer

«Es una cifra demasiado alta por el riesgo que implica. Como el resto de la sociedad, los jueces también han sido educados en la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la parte positiva es que es más baja que las que había hace unos años, cuando se denegaban muchísimas», explica Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo. A su entender, este incremento se explica por el lento avance de la concienciación entre los profesionales del poder judicial, sobre todo después de comprobar que muchas de las asesinadas por sus parejas o exparejas no gozaban de una medida cautelar de estas características. Y por último suma que, a base de reivindicaciones, la palabra de las afectadas va ganando credibilidad.

Para que esta tendencia sea aún más firme y que todas las potenciales víctimas tengan acceso a esas órdenes de protección, el colectivo aboga por incrementar los esfuerzos en formación de la judicatura. «Lo que no es comprensible es que un juez o un fiscal tome posesión sin haber tocado nunca estos asuntos en la carrera», insiste Bolado.

252

hombres fueron enjuiciados el pasado año en Cantabria por asuntos relacionados con delitos de violencia machista

A pesar de que el dato que recoge el informe del departamento de la exvicepresidenta Eva Díaz Tezanos procede del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal especializado en violencia de género de Cantabria, José Ignacio Tejido, considera que actualmente el porcentaje de medidas de protección que se conceden es algo mayor. En cualquier caso, afirma que no es algo aleatorio y que existe un protocolo para decidir en un sentido o en el contrario, ya que en cada atestado policial figuran una serie de parámetros estandarizados que sirven para evaluar el riesgo de la víctima. De esta forma, se puede tomar la decisión en el momento y sin necesidad de un informe que podría tardar días o semanas.

El fiscal precisa que el grueso de las medidas cautelares contra los presuntos agresores son órdenes de alejamiento. El documento concreta que dentro de las 240 medidas de protección, 207 de ellas incluían orden de alejamiento y 204 la prohibición de comunicación. Dentro del ámbito penal, también se recurre a la suspensión del derecho de tenencia de armas (119) y en ocasiones más puntuales, a la privación de libertad (13) o la prohibición de abandonar el domicilio (nueve). Y desde el ámbito civil, los jueces adoptaron medio centenar de medidas que tienen que ver con el uso de la vivienda común y 43 con el régimen de visita o custodia de los hijos.

370

mujeres acudieron por primera vez al área de malos tratos del Centro de Información y Atención del Gobierno de Cantabria

Esas 2.000 denuncias demuestran que la tendencia es creciente. «Es solamente una intuición, pero no creo que haya más casos, sino que las mujeres se han concienciado más en la necesidad de denunciar para acabar con ese padecimiento», entiende Tejido. Bolado coincide en que en el pasado muchas víctimas no acudían a los juzgados y a las comisarías porque pensaban que no serviría para nada y su situación de indefensión sería aún mayor: «Cómo iban a denunciar si al momento tenían que volver a casa a hacer la comida a su maltratador», insiste la portavoz de la Comisión 8M, que cree que también la constante labor de las organizaciones feministas está contribuyendo a cambiar la mentalidad de las víctimas.

Y de cualquier manera, a pesar de que cada vez afloran más casos que antes permanecían ocultos en la intimidad de los hogares, la experta cree que no están todos los que son. El informe subraya que su propio estudio ofrece una «fotografía incompleta del conjunto de mujeres que sufren violencia de género en Cantabria», ya que aparecen únicamente aquellas que acuden a los organismos oficiales para pedir apoyo.

771

llamadas procedentes de Cantabria recibió el año pasado el teléfono de atención a las víctimas 016 y otras 733 el 112

De las 2.000 denuncias presentadas en el anterior ejercicio, finalmente se calificaron judicialmente 670 y 511 acabaron en condena. El responsable de la fiscalía especializada destaca que no todos los expedientes que se abren un año se cierran ese mismo ejercicio, por lo que la correspondencia no siempre es exacta. Además, afirma que la gran diferencia entre las denuncias y los asuntos incoados tiene varias explicaciones. Una pequeña parte corresponde a renuncias a continuar el procedimiento (5%) y otra algo mayor a la dispensa que recoge el Código Penal y que obliga al juez a preguntar a la mujer si está dispuesta a declarar contra su marido. En este punto, un porcentaje importante recula. También puede darse el caso de que no existan pruebas consistentes para sustentar la acusación o que los hechos no sean constitutivos de delito.

48%

es el porcentaje de víctimas que habían finalizado la relación con el maltratador cuando se produjeron los hechos denunciados

En los supuestos de lesiones leves, maltrato habitual, coacciones o amenazas, el grupo de los más frecuentes, en el 90% de las ocasiones se realiza un juicio rápido y en menos de 24 horas hay una resolución. De ellas, el 85% son con conformidad del acusado. Se entiende porque los asuntos menores -comparativamente- llevan una pena alternativa a la cárcel que pueden ser trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de reeducación. «Cuando ven que hay una prueba clara o incluso un testigo lo asumen, porque la pena se reduce en un tercio», detalla el fiscal. Desde el Ministerio Público recuerdan que, en estos casos, un quebrantamiento de cualquiera de estas medidas sí que implica la prisión.