Justicia exige a nueve ayuntamientos cántabros retirar los símbolos franquistas

El Ministerio de Justicia publicaba este miércoles su exhortación a 656 ayuntamientos españoles para retirar los vestigios franquistas que «puedan quedar» en sus municipios. Nueve de esos municipios son cántabros; Cillorigo de Liébana, Comillas, Laredo, Medio Cudeyo, Ramales de la Victoria, Santander, Santoña, Selaya y Suances.

En total, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas españolas. Calles y lo que desde el ministerio se nombra como «otros vestigios»; monumentos, placas, figuras...

En la carta enviada desde el ejecutivo central, el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, solicita a los consistorios, la certificación sobre «la no existencia de simbología de exaltación en su municipio». Ahora bien, en caso de que exista urge a que se dé «cumplimiento a la Ley 52/2007, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura».

Sin embargo, en los ayuntamientos cántabros citados se dan diversas situaciones. Así, Santander respondió por carta el pasado 31 de enero con un elaborado documento. El informe del Servicio de Cultura detalla todos los pasos que se han venido dando en esta legislatura para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Se remonta a agosto de 2015, con la aprobación plenaria en la que se acordó definir qué había que retirar y continúa poniendo ejemplos como la plaza del Ayuntamiento (anteriormente del Generalísimo) y de la plaza de Pombo (antigua plaza de José Antonio) hasta sumar una docena de calles y quedando otras tantas por modificar.

Sobre los símbolos, mencionan el Cañón del Almirante Cervera que se trasladó al Museo de Limpias coincidiendo con la remodelación del Paseo del Chiqui o la estatua ecuestre de Franco que se ubicaba en la plaza del Ayuntamiento y se retiró el 18 de diciembre de 2008, aprovechando también las obras de remodelación de la plaza y el aparcamiento subterráneo.

Desde el consistorio santanderino indican que para minimizar las molestias que ocasiona a los vecinos (unos 16.000) el cambio de denominación de calles, el equipo de gobierno «estimó oportuno realizar estos cambios de manera gradual, comenzando por aquellas calles en las que se puede adoptar el nombre anterior u original de la vía. Y en esa línea se sigue trabajando».

Por su parte, Comillas, por ejemplo, ha recibido con extrañeza el requerimiento ministerial. «Está toda la tarea hecha -explica el concejal de Urbanismo, Julián Rozas- Los últimos nombres se cambiaron en 2011, sin embargo, cíclicamente aparecemos en estas listas y no sabemos muy bien por qué». Hace ocho años, la villa de los Arzobispos cambió la denominación de la Plaza del Generalísimo por la nueva Plaza de la Constitución y se cambiaron las denominaciones de algunas calles menores. Tan solo se explican en el Ayuntamiento comillano que el requerimiento responda a una placa colocada en la fachada de la iglesia «en la que figura una lista de nombres, que no se sitúan en un bando u otro, aunque pueda deducirse por el contexto histórico». En cualquier caso, Rozas considera que «es un buen momento para echar un vistazo y que no se escape nada».

Mismo caso que en Medio Cudeyo, donde lo tienen todo «muy claro». «Hemos cambiado calles hace año y medio aplicando la Ley de Memoria Histórica», explica el alcalde, Juan José Perojo. La Plaza Primo de Rivera es ahora la del Ayuntamiento y la de General Mola se renombró como De la Constitución. «Había una disputa con la de Calvo Sotelo, pero se entendió, por parte de todos, que no tenía nada que ver con los otros casos». El regionalista califica la carta recibida como «muy generalista» ya que «tendrían que haber indicado qué cambiar».

En el Ayuntamiento de Selaya, ni siquiera han recibido aún la notificación, por lo que «no sabemos si es alguna calle o algún símbolo que desconocemos», expone el popular Cándido Cobo. Aunque no le consta que existan monumentos franquistas en el pueblo, el alcalde afirma que deberían saber a qué se refieren «para valorar la reclamación y actuar en consecuencia, en base también a informes; una cosa es lo que el ministerio considere y otra la aplicación estricta de la Ley».

Hasta a Google se han dirigido desde Ramales de la Victoria, donde recibieron la misiva hace unos quince días. «Hemos retirado todo pero en Internet, en los mapas, siguen apareciendo los nombres anteriores», argumenta César García. En el municipio «se cambió todo» en 2017. Siete calles y el Monumento a los Caídos cuya reforma se acordó con la iglesia. Recuerda el regidor socialista que lo último fue una fachada privada dedicada a Queipo de Llano. «Si nos indican que hay que cambiar algo más, lo haremos, pero entendemos que ya hemos cumplido».

Y en Suances, donde tampoco han recibido la notificación, están con el proceso a medias. Han quitado las calles «más fáciles» que menos repercusión tienen para los vecinos», como la de 18 de julio, pero están pendientes de otras, como la Avenida del Generalísimo que «afecta a más de 650 personas», explica el alcalde, Andrés Ruiz Moya. Califica el cambio como un trastorno «importante» que supondrá cambiar direcciones, recibos, publicidad de los comercios…»Vamos poco a poco con las cinco calles a las que hay que aplicar la Ley y vamos a cumplir porque no es un capricho municipal; es lo que tenemos que hacer».

Justicia no se ha dirigido solo a la administración local; también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información «sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos» para, al igual que en los ayuntamientos, proceder a aplicar la ley. El Gobierno de Cantabria recibió la carta correspondiente a comienzos del mes de diciembre. El área de Educación se encargó de remitir la documentación al resto de consejerías para dar cuenta de la solicitud.