La Justicia investiga supuestas estafas a ancianos con la venta de libros a domicilio

El perfil es siempre el mismo. Personas muy mayores, casi siempre octogenarias, con recursos mínimos, que viven solas y que, en muchos casos, ni siquiera saben leer. Se trata de las víctimas de supuestas estafas de editoriales sin escrúpulos, que investiga un Juzgado de Santander a petición de la Fiscalía Superior de Cantabria.

La Fiscalía interpuso dos denuncias, en las que sostiene que vendedores de empresas editoriales, que operan con nombres distintos pero que pudieran estar vinculas, realizaron ventas fraudulentas a domicilio a personas vulnerables y de avanzada edad, que bajo «engaño y/o coacción», efectuaron compras de productos editoriales, mediante contratos que no se corresponden con la información que les ofrecen verbalmente los vendedores. Según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía, los contratos están ligados a entidades financieras de crédito que les comprometen a efectuar pagos periódicos anuales y a largo plazo, de los que los firmantes no son conscientes. Así, pueden llegar a adquirir una enciclopedia que vale 500 o 600 euros, pero el crédito de financiación que firman es de 3.000 euros.

«Les engañan como a chinos», acusa el abogado Ángel Sánchez Resina, que ha conseguido anular por la vía civil hasta tres contratos de venta de unos libros a una octogenaria, cada uno de los cuales llevaba aparejado un contrato de financiación. Tras conseguir romper la relación contractual con la editorial y la devolución de las cantidades abonadas, el hijo de la anciana denunció el caso ante Fiscalía, que tras abrir una investigación interna lo ha remitido al Juzgado para su investigación.

A lo largo del año pasado, denuncias por hechos similares proliferaron en la Fiscalía de Cantabria, que incoó diligencias de investigación. En algunos casos se trataba de asuntos de trascendencia civil más que penal, pero en cuatro de ellos el Ministerio Público «vio que había una posible estafa porque eran personas muy mayores, con mínimos recursos, que viven solas y que no saben prácticamente leer ni escribir», aseguran en Fiscalía.

La estafa se traduce en el engaño y coacción a las víctimas mediante llamadas reiteradas y visitas asiduas al domicilio del comprador. Aprovechándose de su vulnerabilidad, los vendedores «les piden incluso un recibo, copian ellos mismos los datos de la cuenta en el contrato y les colocan una enciclopedia de 3.000 o 4.000 euros a pagar en muchos años. Son casos que creemos que exceden la jurisdicción civil porque hay un componente de abuso. Una vez que han vendido una enciclopedia, llegan al domicilio otros vendedores de otra editorial para vender otro producto, y encima en ninguno de los contratos viene identificado el agente vendedor», relata la misma fuente.

Mediante la utilización de prácticas de venta agresiva y confusa, los vendedores consiguen que las víctimas, dada su naturaleza vulnerable, firmen los documentos sin realmente ser conscientes del contenido del contrato de compra.

Es lo que le ocurrió a CL. C. S., la octogenaria a la que una editorial de Castellón la endosó hasta tres enciclopedias en otras tantas ocasiones. «Son personas mayores a las que engatusan con que les regalan un móvil y otra cosa, y al final lo que firman es un contrato con una financiera. Si las enciclopedias cuestan 500 euros, firman una financiación por 3.000 euros. Hay que alertar a las personas mayores sobre estas operativas», explica Sánchez Resina, que asegura que se trata de empresas diferentes pero vinculadas entre sí, que «en cuanto captan a un mayor que compra la primera vez, no paran hasta venderle otros productos».

En diciembre de 2016, su clienta, de 82 años, firmó un contrato de compraventa de una enciclopedia de Historia del Arte, con DVDs y un teléfono móvil que financió por un precio de 2.500 euros a pagar en tres años. Cuando su hijo se dio cuenta, contactó con el abogado y solicitó la nulidad del contrato, al tiempo que presentó denuncia en la Fiscalía. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 4 ha anulado el contrato y ha condenado a la editorial a devolver a la mujer las cantidades pagadas, más los intereses legales.

El juez mantiene que se han vulnerado distintos artículos de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así, el contrato simplemente dice que se trata de una obra de historia del arte, pero no identifica ni el autor, ni el número de tomos de la colección, ni la cantidad de DVD que la acompañan, ni se dice en qué consistía la obra. Respecto al teléfono móvil, tampoco se recoge el modelo ni otros datos, simplemente se habla de «menaje». Pero es que ni siquiera se identifica correctamente la dirección de la editorial, ya que aparece una localidad distinta a la sede de la empresa.

El juez entiende también que el vendedor no explicó suficientemente a la mujer, «persona de edad», la posibilidad que tenía de desistir del contrato dentro de los plazos establecidos por la ley. Es más, el hijo intentó desistir mediante burofax pero no pudo porque la dirección era incorrecta. Por todos estos incumplimientos anula los contratos e impone las costas judiciales a la editora.