Justicia prohíbe trabajar con menores a 552 cántabros condenados por causas sexuales

Con este objetivo -y siguiendo las directrices del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual- se creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS). Los firmantes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que los profesionales en contacto habitual con menores no tengan ninguna condena de este tipo.

En Cantabria, ya son 5.642 personas las que han solicitado el certificado desde que entró en vigor el registro. De ellas, 944 lo pidieron a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de la gerencia territorial de Santander y 4.698 lo demandaron presencialmente en esa gerencia. Es importante aclarar que esta cifra no tiene en cuenta a aquellos que han requerido el documento a través de internet, ya que la página web no registra la ubicación de los demandantes. «Si un ciudadano lo pide a través del ordenador, no consta si lo ha hecho desde su casa o estando de paso en otra comunidad», aclaran desde el Ministerio de Justicia. Teniendo en cuenta este apunte, no cabe duda de que la cifra de cántabros inscritos es superior al número oficial.

El certificado acredita, concretamente, que el interesado está limpio de penas y medidas de seguridad impuestas por cualquier delito contra la libertad sexual. Una vez tramitado, el documento muestra la información penal del titular en el momento de la expedición y la fecha que certifica cuándo fue solicitado. Aunque no aparece el periodo de validez, las empresas y administraciones ante las que se presente serán las encargadas de determinar si la fecha de emisión es suficientemente reciente como para darla por válida.

Cualquier persona mayor de edad (o menores con autorización de sus padres o tutores) puede solicitar el certificado y, si el ciudadano es extranjero, además del certificado español deberán solicitar el equivalente de su país de origen. Es gratuito y se pide a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia o de forma presencial en sus gerencias territoriales (en Cantabria sólo hay una, en Santander).

Cuando se puso en marcha el registro, en marzo de 2016, ya había personas en Cantabria que no podían solicitarlo por sus antecedentes. Concretamente, había 522 condenados inscritos en el RCDS. Con la medida instaurada desde hace dos años y medio, a la lista se han sumado 30 personas más -ahora son 552-, según los datos aportados por el Ministerio de Justicia.

No sólo los docentes (de colegios e institutos públicos y privados) deben tener en su poder el documento. También está obligado a pedirlo todo el personal de centros educativos, de escuelas infantiles, academias de idiomas, conservatorios, instalaciones deportivas y monitores de tiempo libre. En resumidas cuentas, aquel que trabaje -con contrato temporal o indefinido- en un entorno educativo, deportivo o de ocio cuyo público mayoritario sean menores de edad.

El certificado de delitos sexuales debe presentarse en el momento en el que una persona comienza a trabajar en un lugar frecuentado por niños o cuando se produzcan grandes cambios en su contrato laboral. De todos modos, la empresa o la administración pública correspondiente podrá exigir una actualización del documento siempre que tenga sospechas de que el trabajador ha sido condenado por algún delito sexual desde la primera vez que lo presentó.

Los condenados por delitos sexuales no están incapacitados para trabajar con menores durante toda la vida. La mancha, en función de la gravedad de la infracción, tarda más o menos tiempo en disiparse. Siempre que la víctima sea mayor de edad, los delitos leves se cancelarán a los seis meses. Las infracciones poco graves, con penas inferiores a tres años, prescribirán a los tres años. Si la condena es igual o superior a los tres años, se cancelará a los cinco. En los casos graves, el condenado limpiará su certificado en el registro a los diez años. Si la víctima es menor, tendrán que pasar 30 años desde que se cumpla la pena para que su documento vuelva a estar limpio.

A nivel nacional, ya son más de cinco millones las personas que han solicitado el certificado. Pero no todos los documentos expedidos están libres de mancha. En total, 45.155 sujetos (42.581 adultos y 2.574 adolescentes) tienen prohibido trabajar con menores en todo el país. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor número de personas inhabilitadas, aunque es lo esperado porque son las regiones de España con mayor número de habitantes.