La Justicia recupera su actividad bajo la amenaza real de un colapso

Vista por el Poder Judicial como «un paso importante en la fase de reconstrucción del país» y «una pieza clave para promover la recuperación económica», la vuelta al trabajo de la Justicia, que se encuentra en la fase dos de su particular 'desescalada', se produce en un contexto de gran incertidumbre.

Porque los jueces no sólo se van a enfrentar a los efectos provocados por esta paralización -la suspensión de los numerosos procedimientos señalados en los tres meses de inactividad que ahora deberán retomarse- sino también a los causados por el devenir de la propia crisis, que promete una auténtica avalancha de demandas por lo civil, por lo laboral y por lo mercantil a partir del mes de septiembre, cuando se estima finalicen los plazos para resolver los conflictos extrajudicialmente.

«El escenario se revierte ahora al día 13 de marzo, cuando todo funcionaba con normalidad», explica el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, que matiza que en este tiempo «no hemos estado paralizados». En estas diez últimas semanas «se han despachado 9.000 procedimientos, 37.400 notificaciones y 4.000 resoluciones».

En ese escenario al que se refiere se afrontan dos desafíos: «Reactivar todo aquello que por disposición legal estaba parado» y «asumir los nuevos procedimientos que nos van a ingresar, sobre todo como consecuencia del impacto económico y social de la pandemia». Retos, indica López del Moral, al que hay que añadir un tercero. Llevarlos a cabo con las medidas de protección que garanticen la salud de todos.

«Hemos seguido las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pedido al Gobierno regional que establezca las medidas de protección necesarias en todas las dependencias de atención al público, zonas comunes, salas de vistas y despachos», espacios en los que se han colocado mamparas y señales indicativas de la distancia física que se debe guardar.

«Además, hemos establecido una serie de normas adicionales para reducir en la medida de lo posible la duración de los juicios», que en el caso de celebrarse con jurado popular tendrán lugar en el salón de actos.

Plenamente conscientes de la carga de trabajo que se les avecina, los jueces de la región se preparan para amortiguar los efectos de la pandemia. «Si es que llega a producirse, el colapso en la jurisdicción civil no será inmediato», dice la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrelavega, Raquel García. Ella cree que el atasco podría sobrevenir a la vuelta del verano, «cuando lleguen a los tribunales todos aquellos casos que no consigan resolverse por la vía extrajudicial en la que ahora se encuentran inmersos». Impagos de hipotecas, alquileres, pensiones alimenticias...

Para reducir al mínimo la congestión judicial, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, que también cree que se va a producir una avalancha de recursos, apuesta claramente por las nuevas tecnologías.

«Nosotros nos hemos gestionado de tal manera que hemos conseguido tramitar más de la mitad de los asuntos impulsando las actuaciones telemáticas. Los perjuicios han sido mínimos», asegura a este respecto el juez, para quien los juicios telemáticos que él mismo ha impulsado a nivel nacional durante la crisis «van a ser un elemento clave para evitar ese colapso». Un colapso que, por supuesto, tampoco va a pasar de largo por la Fiscalía de Cantabria.

«Bueno, es lógico creerlo así. Después de tres meses parados, ahora tenemos que abordar todas aquellas actuaciones que quedaron paralizadas en marzo más las que se han ido produciendo a lo largo de este tiempo», dice la fiscal superior, Pilar Jiménez, quien, por esta razón, ya ha empezado a pisar el acelerador. «Tenemos claro que hay que ponerse en funcionamiento cuanto antes para tratar de dar a los ciudadanos una respuesta lo más rápida posible», afirma la fiscal, para quien la disposición de jueces y fiscales en esta empresa «es total».

También la de los abogados, que encaran un regreso difícil. «Desde luego que no será fácil, pero yo estoy convencido de que con el esfuerzo de todos vamos a sacar esta situación adelante», asegura tranquilizador el decano, Andrés de Diego, que cree que la consecución de ese objetivo «pasa fundamentalmente porque las administraciones apuesten por la Justicia y la doten de los recursos humanos y tecnológicos suficientes».