Smart Hospital Cantabria (SHC), sociedad integrada por Ferrovial y SIEC que resultó adjudicataria del contrato de colaboración público-privada de Valdecilla y concesionaria además de doce servicios no clínicos del hospital, no tendrá que asumir los costes de mantenimiento del robot quirúrgico Da Vinci, ... que ascienden a 135.000 euros anuales. Así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha revocado la sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, fechada en diciembre de 2017, para dar la razón a Ferrovial y quitársela a la Consejería de Sanidad, que pretendía que fuera Smart Hospital quien se hiciese cargo de esos millonarios gastos.
Pero el Gobierno de Cantabria no está de acuerdo con esta decisión judicial y ha decidido seguir peleando en los tribunales, por lo que presentará un recurso de casación contra este fallo del TSJC. Así lo han anunciado este miércoles fuentes de la Consejería de Sanidad después de leer y valorar la sentencia. Además, el Gobierno se agarra a que la resolución no se ha dictado por unanimidad de la Sala sino que ha contado con el voto particular de uno de los tres magistrados que la componen, concretamente por José Ignacio López Cárcamo, que propuso desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Santander que daba la razón al Ejecutivo cántabro. Frente a la tesis mayoritaria, este magistrado entiende que el mantenimiento del robot 'DaVinci' está incluido en el contrato.
Con la sentencia la sociedad devuelve así el golpe al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) en la batalla judicial que mantienen en distintos ámbitos en los tribunales a costa del citado contrato de colaboración firmado en enero de 2014 cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo regional. La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso este periódico, acepta el razonamiento alegado por Smart Hospital Cantabria de que el Da Vinci no forma parte de ese macrocontrato por el cual la sociedad terminó la tercera fase de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (las Tres Torres) y asumió la gestión de doce servicios no asistenciales, entre ellos el de Electromedicina, a cambio de 900 millones de euros que el Gobierno se comprometió a pagar en dos décadas.
El Tribunal Superior dice que el sostenimiento del robot no está incluido en el macrocontrato entre el Gobierno y Ferrovial
El procedimiento judicial se remonta a la resolución de la Gerencia de Valdecilla del 1 de diciembre de 2016 atribuyendo el coste de mantenimiento de este equipo quirúrgico robótico a SHC. La sociedad recurrió la decisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que hace diez meses dio la razón al Gobierno. Pero la sentencia no era firme y podía ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Así lo hizo Smart Hospital, que ahora ve como el alto tribunal revoca la sentencia anterior ya que considera que ese servicio de mantenimiento no forma parte del citado contrato de colaboración público-privada y que el robot fue adquirido por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en octubre de 2014, con posterioridad a la firma del contrato (en enero), por lo que la sociedad no está obligada a correr con los gastos requeridos. «El sistema quirúrgico robotizado Da Vinci no se incluye en la cláusula (del contrato) relativa al alcance del mantenimiento de equipos de Electromedicina. Ni en cuanto a su previsión de posterior adquisición (entonces arrendado con opción de compra) ni de adquisición de otros semejantes», refleja el TSJC en sus fundamentos.
Tras conocerse la sentencia, Smart Hospital Cantabria declinó hacer valoraciones al respecto.
La historia
El equipo de alta tecnología Da Vinci fue instalado en Valdecilla en 2010 en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra, y en octubre de 2014 el SCS lo adquirió en propiedad. Diez meses antes, en enero de ese mismo año, el Gobierno del PP formalizaba con Ferrovial el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla. Pero la dirección del hospital entendió entonces que el mantenimiento del Da Vinci no estaba incluido en ese macrocontrato porque había sido adquirido con posterioridad, por lo que adjudicó esta tarea a otra empresa por un año.
Cuando concluyó el contrato, en septiembre de 2016, el Gobierno regional había cambiado de manos. El bipartito de PRC-PSOE se opuso con virulencia a la fórmula elegida por el PP para concluir las obras de Valdecilla y trató incluso de resolver el contrato de colaboración con Ferrovial, aunque finalmente desistió por el riesgo económico de la maniobra. Pero puso en punto de mira cada una de las acciones de la sociedad y fiscalizó todos sus pasos, lo que dio lugar a una cascada de desencuentros que terminaron en los tribunales. Así, en cuanto finalizó el contrato de mantenimiento del robot quirúrgico que lleva el nombre del sabio renacentista, la gerencia del hospital comunicó a Ferrovial que tendría que asumir ese coste porque estaba incluido en el convenio público-privado, una decisión avalada por el Consejo de Estado.
Ferrovial recurrió esa decisión con el argumento de que el equipo fue adquirido con posterioridad al contrato, lo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 rechazó, ya que teniendo en cuenta que el convenio tiene una duración de 20 años, «es ilógico tener la expectativa de que no se van a adquirir nuevos equipos». Pero ahora el TSJC sí estima esa reclamación anulando la sentencia anterior y, por extensión, la resolución de la Gerencia de Valdecilla, volviendo el caso a la situación existente hasta finales de 2016.
El Gobierno tendrá que devolver además a Smart Hospital Cantabria los 270.000 euros que ha abonado la sociedad durante los años 2017 y 2018 asumiendo los costes de mantenimiento del robot Da Vinci mientras se sucedían los procesos judiciales.
Un largo listado de desencuentros que han terminado en los tribunales
El caso 'Da Vinci' es, por su dimensión económica, uno de los más importantes conflictos que mantienen en los juzgados el Gobierno de Cantabria y la sociedad Smart Hospital que integran Ferrovial y SIEC. Pero no el único. Hasta una decena se contabilizan en torno a ese contrato de colaboración público-privada firmado por el PP y batallado después por el bipartito PRC-PSOE. Además de permitir terminar la construcción de las Tres Torres de Valdecilla, esa firma adjudicó a Smart Hospital la gestión de doce servicios no clínicos del hospital. Una fórmula rechazada por el actual Gobierno, que desencadenó una cascada de desencuentros que han terminado en los tribunales. Y allí siguen. Todas las penalizaciones impuestas a la sociedad por la gestión de esos servicios están recurridas. Incluida la resolución del Consejo de Estado, dada a conocer el pasado febrero, que carga a Smart Hospital la responsabilidad del transporte interno no sanitario que realizan celadores del hospital, con un coste aproximado anual de dos millones de euros, que puede hacer tambalear los cimientos del contrato o, al menos, abrir una brecha en la rentabilidad de la adjudicataria.
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