El Juzgado abre juicio oral a los exaltos cargos del SCS acusados de un delito de prevaricación

Como se recordará, tanto Francisco Javier González (exsubdirector de gestión económica del SCS) como Alejandro Rojo (exdirector de la Gerencia de Atención Primaria) están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios del SCS durante la pasada legislatura, por las que la Fiscalía solicita para ambos penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

El Ministerio Público considera a Francisco Javier González autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que le reclama 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Y a Alejandro Rojo le acusa del mismo delito (no continuado) por el que le solicita 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS, en la etapa de María Luisa Real como consejera de Sanidad, salieron a la luz en 2018 y a raíz de ellas no solo dimitieron de sus cargos los dos sospechosos, sino también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil.

La titular del Juzgado Nº 5 de Santander que instruye la denuncia de la Fiscalía también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, que ya ha fallecido. Las presuntas irregularidades se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor.

El PP, que ejerce de acusación particular en este procedimiento, solicita penas de 15 años de inhabilitación para ambos.

La instrucción de esta causa, que será ahora enjuiciada por la Audiencia Provincial una vez que señale la celebración de la vista oral, ya cuenta con el aval previo de este tribunal, que el pasado marzo rechazó los recursos de apelación que presentaron los dos acusados frente al auto de procedimiento abreviado.

Del mismo modo, este tribunal desestimó el recurso formulado por el Ministerio Fiscal que pretendía incluir en los hechos susceptibles de enjuiciamiento las obras de ampliación del Hospital Virtual.