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El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha archivado la causa abierta tras la denuncia presentada el 10 de diciembre de 2018 por el profesor asociado de la Universidad de Cantabria Manuel Agüeros contra Pedro Casares por una supuesta falsificación de su firma en, ... al menos, tres actas de contratación de personal investigador de la institución académica durante 2012 con el objetivo de beneficiar, presuntamente, a un allegado del diputado nacional del PSOE, secretario general socialista en Santander y concejal del Ayuntamiento, aunque no ostentaba ninguno de estos cargos cuando se produjeron los hechos.
En esas actas aparecían como firmantes, además de Agüeros y Casares (que en la UC ejerce de profesor del departamento de Economía), el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto, también denunciado y también eximido de las acusaciones. Los tres formaban parte de la comisión de selección del personal.
La sentencia, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, es contundente y, basada en sendos informes periciales caligráficos, concluye que las firmas cuya autoría negaba el denunciante fueron realizadas por él mismo, por lo que no existe ningún indicio de delito de falsedad documental. De esta manera, el tribunal procede al sobreseimiento provisional y archivo de la causa.
La Policía Científica ha podido constatar la existencia de «significativas analogías» entre las firmas que Agüeros denunció que le habían sido falsificadas en tres actas de contratación de 2012 y las que realizó ante el juzgado el pasado año para poder cotejarlas y tratar de determinar su autenticidad o falsedad.
Las analogías se dan tanto en las características de ejecución como en el aspecto general de la escritura, los elementos constitutivos y estructurales y los rasgos identificativos de los 'gestos tipo'. Así, se considera que «la cantidad y la calidad de las analogías son suficientes para afirmar la existencia de una misma personalidad escritural en los dos grupos de textos manuscritos». Es decir, que fue Manuel Agüeros el que firmó aquellas actas que, más de seis años después, denunció que habían sido falsificadas. ¿Por qué en ese momento?
Casares ha mantenido siempre que estas denuncias, al margen de que eran «absolutamente falsas», formaban parte de una campaña para desacreditarle ante la opinión pública a escasas fechas de las elecciones municipales en las que era candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander. El caso, con su recorrido judicial y su difusión mediática, salpicó durante el pasado año la precampaña y la campaña electoral y quién sabe si también afectó al apoyo que el socialista recibió en las urnas.
Ahora, con su exoneración, Casares ya no encuentra ningún impedimento a su proyección política en Madrid, donde trabajará como diputado en el Congreso en la nueva legislatura que presidirá Pedro Sánchez, uno de sus principales valedores. Ayer, tras conocer el auto, aseguró que estaba «muy contento y feliz por la noticia» porque «la justicia y la verdad se han abierto camino frente a las mentiras». «Ha sido un año duro, complicado, de mucho desgaste político y especialmente personal. Pero nada es más fuerte que la verdad», celebró Casares.
Gracias a todos los que en las últimas horas me estáis escribiendo. Nada es más fuerte que la verdad. Hoy es un día de alegría porque se abre camino la justicia y la verdad frente a las mentiras. Como siempre digo, seguimos!!! https://t.co/9OyQWv0meP
Pedro Casares (@pedro_casares) January 10, 2020
La sentencia del Juzgado nº3 llega casi un año después de que se reabriera la investigación. En un primer momento, el magistrado Fernando Vegas decretó el sobreseimiento provisional de la causa, el 20 de diciembre de 2018, porque no existían pruebas que permitieran «determinar la autoría de las firmas supuestamente falsificadas» y no había «datos suficientes» para aclarar la identidad de los posibles responsables de las mismas. Pero un mes después, el 25 de enero de 2019, volvió a abrir el proceso tras estimar parcialmente los recursos de la Fiscalía y del propio denunciante. Entonces requirió a la UC las tres actas de las reuniones de la comisión de selección de personal objeto de las acusaciones y citó a Agüeros a declarar. También le solicitó que aportara un documento de audio al que se refería en la denuncia y que realizara una prueba de escritura, que ha sido definitiva para resolver el caso.
Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio juez y/o de apelación ante la Audiencia Provincial. Además de Agüeros, estaban también personados como denunciantes el sindicato Manos Limpias y el abogado Miguel Bernad, secretario general y cara visible de esta organización.
Manuel Agüeros se lleva de esta manera un nuevo revés judicial después de que el pasado mes de abril este mismo juzgado archivara también la denuncia que presentó contra el rector de la UC, Ángel Pazos, por presunta «prevaricación» en la adjudicación de plazas docentes en las ofertas públicas de empleo. El juez Vegas constató que no había habido ningún tipo de irregularidad ni indicios de delito ni pruebas que lo pudieran atestiguar.
Una de las pocas incógnitas que queda ya por resolver es la investigación interna que abrió la Universidad en torno al caso y que se paralizó al personarse la institución, como parte perjudicada, en la causa de la presunta falsificación de firmas. Una vez conocida la sentencia, y a la espera de saber si Agüeros presentará recurso, la UC tiene de nuevo vía libre para reabrirla y adoptar medidas en función de los resultados.
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