El juzgado de cláusulas abusivas de Cantabria cierra y cinco jueces resolverán 4.000 casos pendientes

La decisión del Poder Judicial supone que, a partir del 1 de enero de 2023, las demandas que se presenten por cláusulas abusivas se repartirán entre los diferentes juzgados de la región. Es decir, ya no estarán centralizadas en un único órgano como en los últimos cinco años. «Una de las razones para poner fin a este juzgado es que el número de demandas que hemos recibido ha bajado de las 2.000 por primera vez desde 2017. Se ha normalizado y, por tanto, no tiene sentido mantener esta medida que se habilitó para evitar una sobrecarga en todos los juzgados cántabros», apunta Jaime Anta, decano de los Juzgados de Santander y titular del Juzgado de Primera Instancia Nº2, que tiene en su haber el récord de sentencias dictadas en un solo año en Cantabria: unas 1.400 (una media de cinco al día).

98%de las resoluciones emitidas han sido favorables a los clientes de las entidades bancarias.

La segunda razón que ha llevado al CGPJ a clausurar este órgano es que su creación ha sido un «éxito» porque «se ha enjugado el 80% de los asuntos: han entrado 20.000 y se han resuelto cerca de 16.000».

El decano de los Juzgados de Santander, que se muestra «aliviado» tras un gran «sobreesfuerzo» que se ha prolongado un lustro, hace un balance positivo respecto al resultado que ha dado este tribunal ante el «tsunami de demandas de impugnación de cláusulas hipotecarias». «20.000 demandas en cinco años es una cifra altísima, teniendo en cuenta que en Cantabria puede haber 60.000 hipotecas», señala para ilustrar el «disparate» y la «locura» que han supuesto estos procedimientos.

De no haberse centralizado todas esas demandas, se habrían «colapsado» todos los juzgados civiles y se interrumpiría la resolución de asuntos de otra naturaleza como familia, separaciones..., advierte Anta, que resalta la dedicación y el esfuerzo de todos los integrantes de su juzgado.

Una vez que se da por concluida la etapa de este órgano, quedan por resolver 4.000 demandas, dentro de la «fase de liquidación». Para ello, tanto Anta como la jueza de apoyo de su juzgado contarán, por un lado, con el respaldo de otros tres magistrados (en comisión de servicios) de sendos juzgados de primera instancia para tramitar todas esas reclamaciones. «El objetivo sería reducir el número de asuntos hasta los 1.500 en el primer semestre del año y para diciembre que queden menos de mil». Para alcanzar estas cifras también hay que tener en cuenta las horas extra que tendrán que trabajar los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia Nº2, y que el Gobierno cántabro se ha comprometido a remunerar. «Esto no es el final, sino el principio del final», apunta Anta.

Desde que empezó el proyecto en el año 2017, han sido seis los funcionarios que se han incorporado en régimen de refuerzo, lo que implica aproximadamente unos 180.000 euros al año, según señalan desde la Consejería de Presidencia y Justicia. Para este ejercicio 2023 constituirá, al menos durante los primeros 6 meses, otros 90.000 euros más con la finalidad de reforzar la unidad del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander, que está compuesto por ocho funcionarios, pasando a catorce, con el reto de liquidar las 4.000 demandas de pendencia de gestión. En total, el Gobierno de Cantabria ha invertido una cantidad superior a los 500.000 euros en estos cinco años para afrontar el ingente volumen de demandas.

De las 16.000 demandas que han resuelto en estos cinco años, el 98% han sido favorables a los clientes (demandantes), un hecho que lleva a la siguiente pregunta: ¿Por qué los bancos han seguido pleiteando a pesar de que los jueces no les han dado la razón? Fuentes judiciales creen que lo que han intentado evitar es el «efecto llamada» y que llegase un «aluvión de reclamaciones». Además de que, aplazando la indemnización que sabían que le correspondía al cliente, «salvaban un problema de liquidez».

Para evitar esta situación, el decano de los Juzgados de Santander cree que una medida efectiva hubiese sido que el legislador (el Gobierno) estableciese un «recargo» a pagar por parte de las entidades financieras aparte de la devolución del dinero que le correspondía a cada cliente.