El Gobierno acepta que el conflicto de los derribos quede en manos de un mediador

Según ha explicado esta mañana el vicepresidente, Pablo Zuloaga, el Consejo de Gobierno ha mostrado su conformidad con la propuesta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander para derivar la ejecución de una sentencia de derribo a una mediación intrajudicial, ello a petición del Ayuntamiento de Piélagos y uno de los veinte propietarios afectados.

Según ha aclarado Zuloaga, la decisión «es un trámite previo para que las partes, en este caso la asociación ecologista ARCA como demandante y el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Piélagos como demandados, puedan alcanzar un acuerdo sobre la forma de ejecutar la sentencia con la intervención de un mediador».

El vicepresidente, que ha avanzado que la Dirección General del Servicio Jurídico trasladará mañana mismo esta disposición al Juzgado, confía en que dar este paso contribuya a llegar a un acuerdo «que satisfaga a todas las partes».

En relación al otro acuerdo relevante alcanzado en el transcurso del Consejo de Gobierno, la aprobación de un decreto por el que se regula la publicidad sanitaria en la comunidad autónoma, Zuloaga ha indicado que esta regulación «es necesaria» ante el creciente impacto que tiene entre la población la difusión y propagación de ofertas de servicios sanitarios. El objetivo no solo es ordenar el procedimiento administrativo para su autorización sino, también, asegurar que el mensaje publicitario que pueda afectar a la salud de la ciudadanía «se ajuste a los principios de veracidad y autenticidad» y «esté basado en criterios aceptados por la comunidad científica».

Este decreto, ha añadido el socialista, «incluye a los colegios profesionales del sector sanitario como colaboradores en el procedimiento de validación de los mensajes publicitarios» con el fin de «compatibilizar la legítima actividad sanitaria y su difusión publicitaria con la defensa de la salud y la seguridad ciudadana».