El juzgado reabre la investigación de las supuestas firmas falsas de la Universidad

Pero ahora, tal y como recoge en un auto fechado el pasado viernes, el magistrado Fernando Vegas ha estimado parcialmente los dos recursos contra el archivo de la causa presentados por el Ministerio Fiscal y el denunciante. De esta manera ha acordado, por un lado, que la UC aporte las tres actas de las reuniones de la comisión de selección de personal investigador en las que el denunciante dice que se falseó su rúbrica con el objetivo de beneficiar, presuntamente, a un allegado de Pedro Casares, profesor de Economía de la UC y actualmente secretario general del PSOE en Santander y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, aunque cuando se produjeron los hechos denunciados no era aún concejal. En esas actas aparecía también como firmante, además de Agüeros y Casares, el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto. Los tres contratos eran para otros tantos proyectos de investigación de un mes de duración y remunerados con 1.000 euros.

Por otra parte, el juez ha decido igualmente tomar declaración a Manuel Agüeros en calidad de denunciante, para lo cual le ha citado el próximo 15 de febrero, y solicitará que el profesor aporte el documento de audio al que se refiere en la denuncia y que, según su opinión, demuestra los hechos que relata; también pedirá realizar una prueba pericial del cuerpo de su escritura para compararla con las rúbricas estampadas en las actas de contratación e intentar determinar su autenticidad o falsedad. El magistrado Vegas ha considerado que estas diligencias pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados, al contrario que en diciembre.

La Fiscalía y el denunciante también habían solicitado que Casares y Coto prestaran declaración y que se les realizaran pruebas caligráficas de sus firmas, pero el juez ha rechazado esta solicitud, por lo que ambos no deberán comparecer en los juzgados. Al menos por el momento. Porque Vegas se reserva la opción de decidir o no sobre la procedencia del resto de las diligencias solicitadas por la Fiscalía y el denunciante en función del resultado que aporten las que sí ha decidido ahora llevar a cabo. Contra estas resoluciones cabe interponer recurso de apelación en el mismo Juzgado de Instrucción.

Casares y Coto han negado con rotundidad las acusaciones recibidas e incluso una grabación de 2015 que sacó a la luz eldiario.es permite escuchar al decano acusar a Agüeros de «falsificar» su propia firma de manera intencionada en 2012, haciendo una rúbrica que no es la suya para «construir una narrativa» y «fabricar pruebas» que utilizar en el futuro para su beneficio personal. Coto incluso acusa al profesor de un intento de extorsión, al solicitarle un aumento del número de sus clases remuneradas o la dirección de un máster, entre otras exigencias, amenazándole, en caso de que no se lo concediera, con provocar «un escándalo mediático» que salpicaría a diversos cargos de la institución académica. Unas circunstancias que el profesor no niega en ningún momento tal y como se desprende de la escucha completa de ese audio.

La reapertura de la investigación de la supuesta falsificación de firmas decidida por el juzgado permite además a la Universidad de Cantabria personarse, como parte perjudicada, en las diligencias previas, tal y como decidió la semana pasada tras recomendación de sus abogados. El paso dado por la UC supone, de forma paralela, la paralización de la investigación interna abierta al respecto el pasado 11 de diciembre y que había ya concluido la fase testifical. «Razones de obvia prudencia aconsejan acordar la suspensión temporal del proceso de información previa, teniendo en cuenta la pendencia de procedimiento judicial sobre el asunto», explica el rector Ángel Pazos. Además, la institución académica trasladará al juzgado toda la información recabada en esta investigación interna.