Los jueces tienen bloqueados en Cantabria 37 millones de euros en multas, fianzas e indemnizaciones

Esa cuenta recoge el desembolso realizado con motivo de cualquier procedimiento judicial. Así, en las cuentas de los juzgados, que se encuentran centralizadas, se depositan, por ejemplo, las fianzas para eludir la prisión provisional, responder de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal, así como el pago de multas, de los depósitos para recurrir sentencias y de las cantidades embargadas por los tribunales. También se ingresan importes relacionados con el cumplimiento de resoluciones judiciales, en concepto de indemnizaciones, honorarios de abogados, procuradores o peritos. Buena parte de este dinero se acaba devolviendo a sus propietarios sin intereses, o va a parar a la parte contraria cuando se resuelve el conflicto a su favor, lo que hace que haya un flujo de entradas y salidas de capital. Otra parte corresponde al Ministerio de Justicia, como es el caso de los depósitos para la interposición de un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin fundamento jurídico.

Cuando la sentencia es firme se determina si las cantidades congeladas deben devolverse a su propietario o si, por el contrario, se utilizan para el pago de indemnizaciones, fianzas, multas o las correspondientes costas procesales.

El año pasado el saldo de la cuenta común creció de manera significativa y alcanzó el mayor volumen en depósitos de los últimos años, con casi 37 millones de euros de saldo medio. En ese ejercicio se registraron 73.773 entradas de dinero (por importe de 104,9 millones) y 63.504 salidas de dinero (con un total de 92,4 millones). En 2016 los juzgados mantenían bloqueados 24,3 millones, 12,5 millones menos. En el extremo opuesto, el mayor descenso se registró en 2010, cuando las cantidades congeladas sumaban los 376.143 euros.

Los operadores judiciales suelen atribuir la subida o el descenso de estos fondos a que cada vez se efectúan menos pagos voluntarios por parte de los acusados, demandados o investigados por la Justicia, lo que obliga a tirar de embargos de las cuentas, propiedades o nómina.

En todo el país, las cantidades inmovilizadas en los juzgados alcanzaron los 4.150 millones en 2017. Desde el CGPJ advierten de que estas elevadas cifras son en parte consecuencia de la lentitud de la Justicia, por lo que lleva años reclamando reformas que contribuyan a acelerar las resoluciones. Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas.

Los procesos mercantiles son los que mayor cantidad de depósitos generan, de manera que la demora en la resolución de estos litigios puede provocar que una empresa quiebre cuando tiene fondos bloqueados con los que podrían mantener su producción. También ocurre que hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque los ciudadanos, una vez finalizado el proceso en los tribunales, no pasan a recogerlos. Y es que la Justicia no reingresa de oficio el dinero depositado por los litigantes, sino que tienen que ser ellos quienes lo reclamen. Si no lo hacen, acaba en las cuentas del Tesoro Público.

¿Cómo saber cuándo han sido desbloqueados estos ingresos en las cuentas de la Justicia? La relación de depósitos y consignaciones judiciales que están a punto de pasar al Tesoro Público se publican de manera periódica en el Boletín Oficial del Estado por parte de la Secretaría de la Administración de Justicia. Algunos de los depósitos publicados en estas listas llevaban décadas sin ser reclamados y su cuantía es muy dispar, va desde menos de un euro a algunos que superan los 6.000.