Los juzgados cántabros reciben seis denuncias diarias por violencia de género

La violencia machista sigue siendo una lacra y al tercer poder del Estado le corresponde investigarla y sancionarla. No es fácil. El examen de estas conductas corresponde a determinados órganos del orden penal, que son los que tienen atribuidas las competencias. Además deben ocuparse de la tramitación de los procedimientos, la adopción de las medidas relativas a la patria potestad, guarda y custodia de los hijos menores de edad, y del régimen de visitas de los progenitores.

Las 2.218 denuncias de 2022 pone de manifiesto que el problema continua al alza como en el resto del país. A nivel nacional, el incremento fue del 11,8%, que son 5 puntos menos que aquí. En el total de denuncias, aparecen 2.087 mujeres víctimas (1.558 españolas y 529 extranjeras), que son un 14,7% más que en 2021 (1.819), y 17 menores de edad -diez más que en 2021-. De las 2.218 denuncias, el 61,9% fueron presentadas por la propia víctima; el 17,2%, por los servicios asistenciales o terceras personas; el 10,8%, por la Policía; el 16,8%, tras un parte de lesiones remitido por los médicos al juzgado, y el 3,3% lo hicieron a través de familiares.

El informe del TSJC, además, revela otra casuística. No todas las mujeres que recurren a la justicia acaban declarando. Muchas se echan para atrás. 228 decidieron finalmente no hacerlo como testigos. Aquí resulta también llamativo el elevado incremento con respecto al año anterior: un 33% -en 2021 fueron 171 mujeres-.

Las competencias para enjuiciar estos delitos recaen en los juzgados de primera instancia e instrucción que hay repartidos en los ocho partidos judiciales en los que se divide la comunidad autónoma, a excepción de Santander que cuenta uno en exclusiva. Es el Juzgado de lo Penal número 5, que vio como otras 31 mujeres rehusaron declarar cuando fueron llamadas citadas para la vista oral. Otra de las tareas que corresponde a la Justicia es determinar las órdenes de protección. Los jueces cántabros dieron su aprobación el año pasado a 255 de las 405 solicitudes que recibieron, el 63%. Si se compara esta cifra con la media nacional, fueron cinco puntos menos que en el conjunto del país.

Entre las citadas medidas, destacaron las de suspensión de la guarda y custodia, que determinaron en 37 ocasiones -17, en 2021- y las 39 suspensiones del régimen de visitas -frente a las 17 del ejercicio anterior-. «Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor en junio de 2021 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que prevé la adopción de medidas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar frente a terceras personas», explica el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el documento.

La Memoria también recoge un estudio pormenorizado de los agresores. El año pasado 630 personas fueron enjuiciadas por violencia de género. El 78,2% resultaron además condenadas (493). Los órganos de violencia sobre la mujer, aquellos que instruyen las causas y celebran los juicios por los delitos leves, condenaron a 267 de los 290 hombres encausados, bien por los delitos que se les imputaban o porque reconocieron los hechos en las vistas rápidas a las que se sometieron. Sólo dos mujeres fueron condenadas por agresiones cruzadas a sus parejas.

Los denominados delitos menos graves los tutela el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, que llevó a juicio a 338 hombres -224 condenados, el 66,3%-.

De los más graves se encarga la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Esta celebró dos juicios, y en los dos los agresores también fueron condenados. Por su parte, el Juzgado de Menores de Santander celebró seis vistas por conductas delictivas.