Los juzgados cántabros recibieron en 2023 siete denuncias por violencia de género al día

Hay otras cifras, pero es con esas, principalmente, con las que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha construido el frío resumen numérico de cuanto en términos judiciales aconteció el año pasado en Cantabria en lo relacionado con la violencia de género.

De acuerdo con este informe, el dato principal, esas 2.327 mujeres que fueron víctimas de violencia machista en Cantabria (1.666 españolas y 661 foráneas), supone una tasa de 76,7 por cada 10.000 mujeres, algo inferior a la media nacional (79,4), que disparan los números recogidos en Baleares (124,8), Murcia (114,5) y Comunidad Valenciana (79,4), En la cara opuesta aparecen las comunidades autónomas de Castilla y León (52,5), Galicia (53,1) y País Vasco (56,8).

Por encima de la media nacional se sitúa, por el contrario, el número de mujeres que decidieron no declarar como testigos al comparecer en los juzgados. Dice el informe que fueron 358 (lo que significa un 15,4% del total de las mujeres denunciantes); que eso son cinco puntos más que la media recogida durante 2023 en el conjunto del país (un 10%); y que es un 57% más que el número de mujeres víctimas de violencia de género en la región que se habían acogido a la dispensa en 2022 (228).

En cuanto a las denuncias presentadas, esas 2.492 demandas, el informe precisa que el 55,8% fueron interpuestas por la propia víctima, el 21,4% llegaron al órgano judicial correspondiente a través de servicios asistenciales o de terceros en general, el 14,8% por la intervención policial, el 5,1% a través de un parte de lesiones remitido al juzgado y el 2,9% restante mediante familiares o amigos.

De la parte contraria, la concerniente a los agresores, el observatorio revela que en 2023 fueron enjuiciadas en Cantabria un total de 649 personas por violencia machista, de las que 530 (el 81,6%) obtuvieron una sentencia condenatoria.

De las 2.492 denuncias interpuestas por malos tratos familiares surgieron a lo largo del año pasado hasta 314 órdenes de protección y seguridad en los juzgados de violencia sobre la mujer que se tradujeron en 853 medidas (672 decisiones de carácter penal y 181 de naturaleza civil) encaminadas al amparo de las víctimas, tanto mujeres como menores de edad.

Entre las primeras, las adoptadas con mayor frecuencia fueron el alejamiento de la víctima (307), la prohibición de comunicarse con ella (184) y la suspensión de tenencia de armas (106). Y entre las segundas predominaron las relacionadas con la prestación de alimentos (50), la atribución de vivienda (46) y la suspensión temporal del régimen de visitas (22).

Revisando los perfiles de las denunciantes y los denunciados, el observatorio ha encontrado algunos datos de interés.

Por ejemplo, en la mayoría de los casos en los que se solicitó la adopción de alguna medida, la víctima era una mujer adulta y de nacionalidad española (346). En otros 137 se trató de mujeres extranjeras y mayores de edad. Y en cuanto a los hombres denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas por los víctimas en los juzgados, 360 eran de nacionalidad española y 125 foráneos.

Además, el informe precisa que a lo largo del pasado año 2023 los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron un total de 2.650 asuntos penales, entre ellos 885 que apenas requirieron instrucción y se solventaron mediante juicio rápido y otros 94 considerados como delitos leves. El resto se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado.

Y si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, la mayoría (1.002) responden a acciones que no dan lugar a lesión o solo requieren de una primera asistencia médica, otros 300 a actitudes persistentes que generan un clima de pánico en el entorno familiar, 21 por maltrato y el resto por causas que van desde quebrantamientos de penas (590) hasta vejaciones (30).