Las denuncias por violencia de género aumentan un 4,8% en Cantabria en 2018

Asimismo, durante el periodo analizado fueron condenados 232 hombres en los juzgados de violencia sobre la mujer –por delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido -, 231 en el Juzgado de lo Penal -147 de ellos también por conformidad- y dos en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El porcentaje de condenas entre los enjuiciados se situó en un 91,7 por ciento en los juzgados de violencia –donde la mayoría de las sentencias se producen por conformidad del acusado- y en un 65,6 por ciento en el de lo Penal. En el caso de la Audiencia, los dos hombres que fueron enjuiciados por delitos graves resultaron condenados.

Además, a lo largo de 2018 los jueces y juezas de violencia sobre la mujer acordaron 240 órdenes y medidas de protección. Por su parte, los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia –que atienden casos de violencia de género por las tardes y en fines de semana- acordaron sesenta.

Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy se ha dado a conocer con información relativa a la anualidad completa.

De las 2.000 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, 1.335 fueron presentadas por la propia víctima, bien en el juzgado o ante la policía; otras 330 por servicios asistenciales o terceras personas, 167 por intervención policial directa, 118 por parte de lesiones y cincuenta por denuncia de un familiar.

En 98 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone una disminución del 22,8 por ciento respecto a las que lo hicieron en 2017.

Esas 98 mujeres representan el cinco por ciento del total de las que figuran como víctimas.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

A lo largo del pasado año se solicitaron en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria 352 órdenes y medidas de protección.

De esas, los jueces y juezas acordaron 240, lo que representa el 68 por ciento de todas las pedidas. A nivel nacional, se adoptaron el 69 por ciento de las solicitadas.

Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 815 medidas judiciales: 629 de carácter penal y 186 de naturaleza civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (227) y la prohibición de comunicación (223), seguidas de la suspensión de la tenencia y uso de armas (126). Además, se acordó la privación de libertad en 17 ocasiones, la prohibición de volver al lugar de los hechos en otras trece y la salida del domicilio en nueve.

Entre las medidas civiles acordadas, 59 fueron sobre prestación de alimentos, 49 se refirieron a la atribución de vivienda, 29 conllevaron la suspensión de la guarda y custodia, quince la del régimen de visitas y cuatro acordaron la permuta del uso de la vivienda familiar.

Por su parte, los juzgados de guardia que atendieron casos de violencia de género, recibieron 85 peticiones de órdenes y medidas de protección, de las cuales acordaron sesenta.

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (267 ocasiones). En otras 72 se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad. En trece casos, la víctima era menor de edad y española.

En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas, 283 eran españoles y 69 extranjeros.

Por otro lado, al analizar la relación que existía entre la denunciante y el denunciado en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 51,7 por ciento de las ocasiones eran matrimonio o tenían una relación afectiva, mientras que en el 48,3 por ciento de los casos el vínculo ya estaba disuelto.

A lo largo del pasado año, los juzgados de violencia de género de Cantabria recibieron un total de 2.313 asuntos, de los que 653 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido y 74 fueron sobre delitos leves.

Además, se incoaron cinco sumarios y un jurado, procedimientos empleados para enjuiciar los delitos más graves.

El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado, los procedimientos de instrucción más habituales.

Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, la mayoría (672) se referían a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.

Otros 259 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, en otros 77 casos se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

Por otro lado, los juzgados de violencia de Cantabria tramitaron 484 asuntos por quebrantamiento de condena, 193 por quebrantamiento de una medida cautelar, 164 por delito contra la libertad, 39 por delito contra el honor, 19 contra la integridad moral, cuatro contra la libertad e indemnidad sexuales y otros cuatro contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.

En cuanto a los delitos leves, se registraron 38 procedimientos por injurias y quince por vejaciones injustas.

Además, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 213 procedimientos civiles, de los que 86 eran de divorcio y seis de separación, 59 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos nacidos fuera del matrimonio, cincuenta sobre modificación de medidas acordadas en sentencia y nueve sobre liquidación de régimen económico-matrimonial.