Juzgan en Cantabria a siete miembros de una red de trata de mujeres nigerianas a las que hacían rito vudú

La fiscalía solicita 36 años de cárcel para uno de los acusados que actuaba desde Nápoles; 27 años de prisión para un matrimonio residente en Torrelavega; 15 años para una mujer residente en Gijón y 13 años para otras dos mujeres residentes en Lérida y Vizcaya.

Según el ministerio fiscal, una vez en España, las mujeres «eran obligadas a prostituirse« con el fin de pagar 30.000 euros en concepto de »deuda«, dinero que »se repartían entre los acusados residentes en nuestro país y los demás miembros del grupo en otro países«.

«Con los beneficios obtenidos de la actividad sexual de las mujeres en España se financiaba la actividad de los distintos miembros de la organización», añade el escrito del ministerio público. El fiscal explica que «las mujeres eran captadas en su país de origen, donde se encontraban en situación de seria precariedad económica«.

Les ofrecían trabajo y oportunidades en España, «ocultándoles en la mayoría de los casos que una vez en nuestro país tendrían que ejercer la prostitución».

«Los captadores las decían que contraían con la organización una deuda de 30.000 euros, desconociendo ellas el equivalente en 'nairas', moneda nigeriana, ignorando asimismo que la cifra era desproporcionadamente superior a los gastos reales del viaje«, señala el escrito.

«Cuando las mujeres decidían acceder, eran obligadas a someterse a un rito vudú, de profundo arraigo espiritual en la cultura nigeriana, conforme al cual juraban obediencia a los miembros de la organización, y se comprometían a no acudir a la policía y a pagar su deuda, so pena de caer en las mayores desgracias, incluida la muerte, tanto de ellas como de sus familiares«.

En la primera fase del viaje llegaban hasta la costa mediterránea en Libia, «donde los miembros del grupo llamados pasadores las controlaban hasta conseguir que viajasen a Italia en pateras, permaneciendo hasta entonces en campos de refugiados, en condiciones deplorables, siendo incluso obligadas a prestar servicios sexuales contra su voluntad».

Una vez en Italia les proporcionaban documentación falsa para poder viajar por Europa y las trasladaban a España. De este modo, «los acusados conseguían que las mujeres accediesen a nuestro país de forma irregular, favoreciendo posteriormente su permanencia en España».

Entre los acusados, se encuentran un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres residentes en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas, asegurándose de que ejercían la prostitución en distintos clubes del territorio nacional y de que les entregaban las ganancias.

Para lograrlo, las amenazaban con hacer vudú. Una vez obtenían el dinero, lo repartían entre los miembros de la organización. También está acusada una mujer que ejercía la prostitución de manera voluntaria y que tenía por misión controlar a una de las víctimas, asegurándose de que efectivamente se prostituía y gestionando el dinero que ganaba para enviarlo a los miembros de la organización.

El séptimo acusado es un hombre residente en Nápoles que recibía a las chicas a su llegada desde Libia y les proporcionaba la documentación falsa necesaria para viajar por Europa, así como los billetes para llegar a nuestro país.

El ministerio fiscal considera los hechos descritos varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos de prostitución coactiva y delitos de ayuda a la inmigración ilegal.

Las penas solicitadas ascienden a 36 años de cárcel para el hombre que actuaba desde Nápoles (tres delitos de trata y uno de inmigración ilegal); 27 años de prisión en el caso del matrimonio residente en Torrelavega (dos delitos de trata en concurso con prostitución coactiva y uno de inmigración ilegal); quince años para la mujer residente en Gijón y trece años para las mujeres residentes en Lérida y Vizcaya.

En estos tres últimos casos, se acusa a cada una de estas mujeres de un delito de trata en concurso con prostitución coactiva y otro delito de inmigración ilegal.

Para la mujer que ejercía la prostitución y que presuntamente se encargaba de controlar a una de las víctimas asegurándose de que también lo hacía y recogiendo el dinero que ésta ganaba, el ministerio público solicita dos años de cárcel y una multa de 6.750 euros como cómplice del delito de prostitución coactiva.

Este juicio se desarrollará a lo largo de siete jornadas que darán comienzo a las nueve y media de la mañana el lunes 28 de septiembre, con la declaración de los acusados. El martes será la declaración de las víctimas en calidad de testigos protegidas. El juicio finalizará el martes 6 de octubre con los informes y conclusiones de las partes, ha informado el TSJC en nota de prensa.