El lábaro, un símbolo oficial en permanente discordia

Se puede decir, sin temor a equívocos, que el lábaro ha dado de qué hablar antes, durante y después de su debate en la Cámara regional. Vox rescató la polémica la semana pasada cuando su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, pidió que se retirase de todos los edificios públicos. Su solicitud partió de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que señalaba como incompatible «con el marco constitucional y legal vigente la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios y espacios públicos, aun cuando concurra con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

El Parlamento le concedió hace cuatro años valor de símbolo, pero no le dio el rango de ley que consagra la bandera y el escudo de Cantabria. La propuesta salió adelante con los votos a favor del entonces bipartito (PSOE-PRC) y de Podemos -20, en total-, pero con la oposición de los 15 escaños que sumaban Partido Popular y Ciudadanos. Esa falta de unanimidad fue aprovechada desde entonces por sus detractores, como ha hecho Vox, cada vez que ha surgido ocasión.

El Racing también ha alimentado el debate reciente. El club verdiblanco -del que Cristóbal Palacio es abogado, exconsejero y patrono de su Fundación-, decidió, sólo unos días después de que la formación política pidiese la retirada del lábaro de los edificios oficiales, no reponer el de los Campos de Sport de El Sardinero, que llevaba varias semanas sin lucir en el mástil. El motivo, según explicó el club verdiblanco, fue que sólo ondearían las enseñas «indispensables». Al día siguiente de que este periódico relatase sus intenciones, el presidente, Alfredo Pérez, confirmó que la bandera magenta y dorada regresaría al estadio y atribuyó la decisión a un «error» interno. También pidió que no se identificase al Racing con la solicitud política del patrono de su Fundación.

La falta de consenso que el lábaro ha suscitado históricamente ha lastrado su total implantación en el día a día de las instituciones. Su reconocimiento oficial fue impulsado por la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC). A punto estuvo de conseguirlo en 2009, pero el Gobierno formado por PSOE y PRC lo desechó -sobre todo, la parte socialista- escudándose en la crisis económica de la época.

ADIC vio colmada su aspiración en 2016 después de que el PRC aceptase alguna modificación para satisfacer las demandas del PSOE -su socio- y con el beneplácito de Podemos. PP y Ciudadanos se opusieron. Los primeros porque «podría generar división» y se podría producir «un problema político» y los segundos, que llegaron a decir que no querían que pasase «como en Cataluña», lo que les costó muchas críticas, porque «Cantabria no reclama ni demanda ese reconocimiento institucional».

Superado el examen parlamentario, el lábaro comenzó a lucir poco a poco en los balcones de ayuntamientos e instituciones. En 2019 volvió a la primera plana del debate. En aquella ocasión, a punto de terminar la legislatura, los tres diputados que habían conformado Podemos -José Ramón Blanco y Alberto Bolado, por entonces en el grupo mixto, junto con la diputada morada, Verónica Ordóñez- quisieron reformar parcialmente la ley de la bandera para regular su uso y funcionamiento. La proposición fue rechazada por el resto de grupos políticos.