El laberinto burocrático de la mina de zinc

El precio del zinc en el mercado se ha desplomado un 30% durante el último año. Cuando los empresarios canadienses y australianos llegaron a Cantabria para presentar sus planes millonarios en el Besaya, el mineral se cotizaba en bolsa a 3.500 dólares la tonelada. Once meses después, el zinc se compra a 2.470 dólares. Una caída que añade más preocupación a los continuos retrasos que arrastra el proyecto industrial estrella de la legislatura de Miguel Ángel Revilla, junto al del polígono del Llano de La Pasiega. ¿Por qué ha pasado un año sin avances en la mina de zinc? ¿A qué se deben los retrasos después de que el bipartito hiciera un cambio exprés de la ley para acelerar el proyecto? Todo se debe a un cúmulo de peleas entre las empresas adjudicatarias, a plazos burocráticos imposibles de acortar y a la falta de compenetración entre consejerías del propio Gobierno regional.

En el PRC estaban convencidos de que este mes se daría un empujón definitivo al proyecto. La alcaldesa de Polanco y el propio Miguel Ángel Revilla mencionaron expresamente que en las próximas semanas habría avances sustanciales, pero la realidad es que la mina todavía está lejos. Todo apunta a que los sondeos iniciales para determinar la cantidad y concentración exacta de zinc en el subsuelo no podrán comenzar hasta el año que viene, a pesar de que en el calendario original estaban fijados para finales del verano pasado. Un retraso que afecta seriamente a los planes de negocio de las dos empresas que más han apostado por instalarse en el Besaya: la canadiense Emerita Resources y la australiana Slipstream Resources.

La primera, la americana, tenía previsto abrir la mina en 2019, con una inversión de 600 millones de euros y la creación de 2.000 puestos de trabajo directos, pero la concesión de sus licencias se ha convertido en un campo de minas. Emerita se ha traído de equipaje a Cantabria el conflicto que mantiene con la empresa chipriota Atalaya Mining en Jaén. Allí han llegado a los tribunales por la propiedad de la mina de Riotinto y aquí, de momento, el pulso entre ambas ha obligado a repetir el proceso de adjudicación de buena parte de los terrenos localizados en Reocín.

Atalaya presentó un recurso porque la Mesa de Contratación había valorado más los criterios técnicos que los sociales y económicos para conceder la licencia, así que los servicios jurídicos del Gobierno aconsejaron a Industria ponderar de nuevo las ofertas. Se hizo el mes pasado y el resultado fue el mismo, los canadienses se quedaron con el permiso de explotación, pero la Consejería se guardó las espaldas encargando, además, un informe externo al Colegio de Minas.

Antes de todo esto, la licencia ya había sufrido un primer retraso entre mayo y octubre, cuando los informes ambientales viajaban de la Consejería de Industria a la de Medio Ambiente sin que nadie los cerrara. El departamento gestionado por los socialistas recibió un primer documento al que le faltaba información, según ellos, como el presupuesto para la gestión de residuos o los datos técnicos de las perforaciones.

Los papeles regresaron a Industria el 20 de junio y de nuevo a Medio Ambiente el 6 de julio. Pero los técnicos de la dirección general socialista no quedaron conformes con los arreglos, ya que no coincidían los datos remitidos por Industria con los de los ayuntamientos afectados, el número y localización de los sondeos y los detalles de las instalaciones que se van a construir. De nuevo fue enviado el 13 de julio a Industria y así hasta que en septiembre llegaron a una aprobación condicionada. Un simple detalle como refundir dos textos en uno hace que, a día de hoy, no se pueda decir que los sondeos de la empresa canadiense tengan oficialmente el permiso ambiental cinco meses después de arrancar la tramitación.

Con toda esta encrucijada burocrática aún sin resolver, Industria envió el mes pasado su resolución a las empresas involucradas, pero la ley dice que para considerarlo aprobado deben pasar al menos 15 días laborales desde que se tiene constancia de que las compañías han recibido la notificación. Más tiempo añadido al calendario, y eso sin contar que Atalaya Mining presente un nuevo recurso, lo que en Industria dan casi por hecho y alguno recuerda con miedo los 20 años que tardó Solvay en tramitar su cantera.

La segunda empresa que más ha apostado por su desembarco en Cantabria ha sido la australiana Slipstream Resources, con licencia para explotar el subsuelo de la zona de Udias. La cantidad de zinc que hay aquí no está tan clara como en Reocín, por eso están dispuestos a invertir 4 millones de euros sólo en los sondeos iniciales. Pero también se ha tenido que enfrentar a retrasos inesperados y un año después todavía no tiene el permiso del Gobierno de Cantabria para perforar.

En este caso no hay otra empresa que le dispute la propiedad de las licencias, pero sí se han encontrado con un «exceso de celo» de los técnicos del Ejecutivo, unido a las discrepancias, de nuevo, entre Medio Ambiente e Industria.

Su informe ambiental se ha encontrado con «numerosas trabas» de la Consejería que dirige Eva Díaz Tezanos, según fuentes del departamento gestionado por Francisco Martín. «Ya no vale con asegurar que la zona va a quedar completamente limpia y los agujeros tapados con metal, además solicitan las coordenadas exactas de las perforaciones, y eso no puede ser porque se va viendo sobre el terreno», explican desde Industria.

Total, que la empresa australiana podría haber comenzado hace seis meses con esos trabajos previos y no hay rastro de las máquinas ni de los obreros ni de los millones de inversión en la comarca del Besaya. Han existido reuniones entre técnicos de ambos departamentos para solucionar esas discrepancias en personas, pero de momento no hay fecha para cerrar unos permisos sin los que las compañías no pueden mover ni una sola piedra. Y una vez recibidos, el trámite será el mismo ya citado para los canadienses: envío de información, 15 días para las notificaciones, etcétera.

Otras cuatro empresas adjudicatarias, con propiedades menores de terrenos para extraer zinc en esa zona, también esperan luz verde antes de que acabe esta legislatura. La norteamericana Louis Berger, matriz de la cántabra Apia XXI desde hace seis años, logró 320 cuadrículas repartidas entre Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Reocín y Santillana del Mar, mientras que Áridos y Hormigones del Deva, del grupo cántabro Candesa, consiguió una casilla de cinco hectáreas en la frontera entre Comillas y Alfoz, con el único objetivo de trabajar piedra caliza. Las últimas dos compañías con derecho sobre el suelo son la citada Atalaya Mining y Hormisa, una filial del Grupo Sadisa.

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