![«Es lamentable que se tire a la basura el millón de euros de mis investigaciones»](https://s2.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/202001/19/media/cortadas/Investigador02-kNEI--624x385@Diario%20Montanes.jpg)
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El coste sanitario de un paciente con una enfermedad infecciosa se multiplica por cien cuando la causante es una bacteria resistente a los antibióticos. La cifra de muertes que ocasionan estos patógenos es 30 veces superior a la de los accidentes de tráfico. ... A combatir esta amenaza de salud pública de primera magnitud están enfocadas las diferentes líneas de investigación que durante once años ha desarrollado el biólogo José Ramos Vivas en Valdecilla. Pero, si nada lo remedia, se cortarán de cuajo en apenas dos semanas, que es cuando se cierra la cadena de contratos temporales que sucedió al motivo que trajo a este gallego al Idival desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid: uno de los competitivos contratos Miguel Servet que concede el Instituto de Salud Carlos III, restringidos a la élite de la investigación biosanitaria en España. «En la última década, Cantabria sólo ha captado a cuatro», recuerda Ramos, «y ahora va a ser la comunidad pionera en despedir a uno de ellos porque la Consejería de Sanidad no sabe cómo mantener este contrato».
Desconcertado por su «repentina» salida, ha buscado respuestas que nadie le ha sabido dar. Ni siquiera el propio consejero, Miguel Rodríguez, con quien ha hablado personalmente. «Es una situación totalmente incomprensible» que achaca en parte a «la ausencia», durante más de nueve meses, de un director científico en el Idival. Critica que después de apostar por su carrera profesional en Valdecilla, «colaborando con los servicios de Enfermedades Infecciosas, Microbiología e Inmunología», se enfrenta a un futuro incierto, aunque está dispuesto a defenderse en los juzgados. «Ya he presentado la denuncia por contratos en fraude de ley», a sabiendas de que existen precedentes en otras comunidades, con sentencia favorable a casos como el suyo. «Es triste que tenga que ser un juez el que dé estabilidad a mi puesto de trabajo, pero no me han dejado otra salida», sostiene este científico de 46 años.
«Nadie se ha preocupado de mi continuidad. Es lamentable que las consejerías autonómicas no sepan qué hacer con investigadores de élite a los que se destinan una media de un millón de euros de los impuestos de todos los españoles (es lo que cuesta de media un investigador Miguel Servet en 10 años). ¿Cómo se pueden cortar así líneas de investigación en áreas prioritarias para el sistema nacional de salud?», se pregunta. «Y no es por razones económicas», precisa.
Ramos opina que su situación es consecuencia del «desinterés (o la dejadez) de los gestores del Idival, junto con el cambio de Gobierno reciente, sumados a la lejanía de los políticos cántabros (y nacionales en general) de la investigación que hacemos en los hospitales y de la utilidad que ésta tiene». A su juicio, «también la sociedad debe conocer en qué trabajamos en el Idival. ¿Para qué sirve que mi laboratorio, que creé de la nada en Cantabria en 2009, descubra nuevos antibióticos contra superbacterias, si luego la gente los utiliza mal?». Durante este tiempo, se ha preocupado de compaginar su labor científica con la divulgativa. Pero ahora se encuentra con un pie fuera de todo. Si llega el temido desenlace, «dejaré proyectos de investigación con empresas, doctorandos con su tesis a medias, un millón de euros en mi laboratorio y numerosas colaboraciones nacionales e internacionales que han permitido una producción científica impecable, como lo atestiguan las evaluaciones del comité externo que me han examinado estos años».
El investigador ha trasladado su incertidumbre de futuro a los máximos responsables del Instituto de Salud Carlos III. «He hablado con la directora, Raquel Yotti, y con el subdirector, Cristóbal Belda, que no entienden que pueda ocurrir este disparate». «Cómo puede ser que ocurra esto con investigadores de excelencia que venimos para crear líneas de investigación potentes», reitera. El problema, continúa, es que «como es un asunto transferido a las comunidades autónomas, cada una tiene que resolverlo por su cuenta, y Cantabria va a ser la primera que no encuentra la solución». Para dar pistas a la Consejería de Sanidad, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) ha informado de lo que se ha hecho en otras autonomías para que no se pierda el talento reclutado en la región.
«Como los políticos no entienden de decisiones científicas, he caído en un limbo, así que no me ha quedado otra alternativa que denunciar porque he estado durante más de cinco años con contratos temporales en fraude de ley, esperando a que se decidieran a estabilizarme; ahora que sea un juez el que decida».
Teme que «posiblemente me tenga que ir de Cantabria», donde ha creado una familia y ha establecido su hogar. «Lo que ocurra conmigo va a sentar precedentes para los que vienen detrás». La diferencia con respecto a los que le precedieron a él reside en la ley de estabilidad presupuestaria de 2012, que impedía que se contratase a personal fijo en la administración pública. A partir de entonces se cerró la incorporación de estos investigadores a la plantilla. De ahí que situaciones como la que atraviesa ahora José Ramos se hayan sucedido en los últimos meses en institutos de investigación y hospitales de media España, «pero en todos los casos se han encontrado soluciones al problema», concluye Vivas, a quien no le entra en la cabeza «que una comunidad tan desarrollada como Cantabria, con un hospital tan puntero, pueda prescindir de alguien que dedica todo su esfuerzo a la investigación científica, en muchas ocasiones haciendo lo posible con lo disponible».
La investigación de José Ramos Vivas está encaminada a mejorar la respuesta inmunitaria contra las bacterias multirresistentes y a encontrar nuevos antibióticos y virus bacteriófagos para combatirlas. En definitiva, investiga sobre las alternativas o complementos a esos antibióticos que han dejado de funcionar por el mal uso o abuso que se ha hecho de ellos. «Es un problema muy gordo. Estudios recientes reflejan la creciente mortalidad atribuida a bacterias multirresistentes, a lo que se añade el coste para el sistema sanitario de luchar contra estos patógenos». Así por ejemplo, una cama en la UCI cuesta 1.500 euros al día, «y muchas veces estos pacientes representan el 90% de los ingresados en una UCI». Ramos apunta que «curar a un paciente afectado por una superbacteria puede costar 25.000 euros, pero si el brote se extiende, hablamos de millones de euros. Los políticos se podrían ahorrar ese dinero y dedicarlo a potenciar líneas de investigación potentes».
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Ana del Castillo
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