Una larga lista de ideas para el nuevo decreto

De entrada, llama la atención que únicamente desde dos municipios (Arnuero y Santander) se hayan enviado aportaciones. La alcaldesa de la capital, Gema Igual, destacó esta semana la «necesidad» de regular estas viviendas turísticas y abordar así el crecimiento «incontrolado» de establecimientos ilegales. Del mismo modo, también sorprende que sólo dos partidos políticos –Izquierda Unida y Cantabristas, ambos sin representación en el Parlamento– se sumen con propuestas.

Entre los profesionales del alojamiento tradicional, tanto Hostelería como Turismo Rural habían anunciado –a través de este periódico– su intención de enviar documentación. Coinciden en muchos puntos. Básicamente, dar más protagonismo en las autorizaciones a ayuntamientos y, especialmente, a comunidades de vecinos –este es uno de los grandes debates–. O equiparar en todo lo posible los requisitos que se pide a sus establecimientos con los que se les exige a estas viviendas (accesibilidad, dimensiones, equipamientos...). Más inspección o la necesidad de un registro de viajeros figuran en ambos documentos. Precisamente, dotar a la Consejería de más medios para localizar y sancionar a los alojamientos en situación ilegal es algo en lo que coinciden prácticamente todos los que han presentado aportaciones (al menos, los que las han hecho públicas). Se habla de miles de viviendas que no están registradas, pero las multas en estos últimos años no han llegado a las treinta.

Esta es, justo, la principal demanda de la recién creada Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan). A su juicio, no es necesario un nuevo decreto –«no va a solucionar los problemas»– porque las razones que se exponen para justificarlo no son, a su juicio, reales. Ellos (los propietarios de viviendas de uso turístico legales), dicen, no son los culpables de la falta de vivienda permanente ni los causantes de los problemas. «El problema es el elevadisimo número de alojamientos ilegales. Mientras que no unamos todos nuestros esfuerzos en censar dichos alojamientos y dotar de medios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar, nada cambiará. Tendrá el efecto contrario: habrá más ilegales por la dificultad de legalizar los alojamientos con el nuevo decreto», esgrimen.

Para Ecologistas en Acción, el proceso de este nuevo decreto «se centra en la desregulación y desbaratar la legislación urbanística existente con el añadido de incidir en la construcción en suelo rústico». De hecho, más allá de proponer algunas cuestiones concretas (se suman a los que piden protagonismo para las comunidades de vecinos), ponen el foco precisamente en la construcción de VUT en suelo rústico, «rechazando de plano –dicen– cualquier nueva construcción».

Topes por municipios, tasas para los turistas, un estudio de la Universidad de Cantabria para hacer un análisis de la capacidad de carga por ayuntamientos, medidas fiscales para fomentar el alquiler permanente... La lista general de propuestas es variada. Algunas, claro, responden a puntos de vista diferentes sobre este asunto.

Cantabristas, por ejemplo, insiste en su apuesta por una «legislación específica para regular la masificación turística en su conjunto y no solo atendiendo al alquiler vacacional» (aunque presenta una batería de medidas para este nuevo decreto). Y también resulta interesante el planteamiento que hacen desde Izquierda Unida . «En tanto no exista una regulación clara y conozcamos sus efectos –dicen–, Cantabria requiere de una moratoria que impida la proliferación exponencial de viviendas de uso turístico que estamos viviendo, lo que supone un escenario que confronta con la necesaria política de vivienda para uso residencial que no existe».