La legislatura maldita

La salida de dicha parálisis en Madrid trajo consigo un programa de inversiones para Cantabria que, objetivamente, debería abrir un gran ciclo de obra civil y de modernización de nuestras infraestructuras. En ferrocarriles, el AVE hasta Reinosa y la línea de Altas Prestaciones hasta Santander; la mejora de la conexión de vía estrecha Santander-Torrelavega; e históricas integraciones ferroviarias en Santander y Torrelavega. En el capítulo viario, terceros carriles Santander-Torrelavega y acceso a Vizcaya, ramal de circunvalación de Torrelavega, nuevo acceso al puerto de Raos, y reactivación de la autovía A-73 Aguilar-Burgos mediante la modalidad de colaboración público-privada. En el plano de los equipamientos culturales, se ha confirmado compromisos para la extensión de la actividad del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía (el más visitado de España en 2017) y para otros espacios culturales también en la capital.

Cualquiera que se detenga a imaginar estos proyectos en su estado de cumplimiento final sabrá entender que constituyen un imprescindible motor económico para consolidar la recuperación y que, sobre todo, representan la transformación de Cantabria y de sus dos ciudades principales, su mayor integración con mercados y gentes, y una mayor calidad de su oferta, tanto para la instalación de industrias como para la promoción de servicios. De hecho, sobre la mayoría de estos proyectos la principal discusión no era sobre si resultaban importantes o no, sino sobre los tiempos de su realización y, donde había necesidad de cooperación entre administraciones, sobre el papel que correspondía a cada una. Pero en general hay consenso sobre la bondad de lo proyectado.

Pues bien, a la pesadilla de 2016 puede suceder ahora la pesadilla de 2018. Si el nuevo Gobierno no puede o no quiere ratificar estos compromisos de Madrid con Cantabria (o, simplemente, imprime unos ritmos mucho más lentos que los previstos) todo el ciclo de inversión pública se verá detenido y postergado. Pensemos en lo que ocurrirá si la persona que se ocupe ahora de Fomento dice que no se siente concernida por el convenio para la integración ferroviaria en Torrelavega y que quiere volver a estudiar el asunto. Paralizaría de inmediato una compleja inversión de 80 millones de euros. Lo mismo cabe decir del AVE hasta Reinosa, etcétera. ¿Y si al nuevo Gobierno no le gusta la fórmula para solventar la autovía Aguilar-Burgos, pero tampoco pone dinero público para realizarla por el sistema tradicional? Resultará que una autovía que ya estaba en ejecución en época del ministro Cascos llegará a 2020 sin avance ninguno y en estado de quimera. Esto no es lo que ocurre en el vecino País Vasco, donde la constante mejora de infraestructuras y equipamientos es de una abrumadora evidencia.

Al dar la estocada a Rajoy (están en su legítimo derecho), los nacionalistas vascos han puesto en riesgo que Cantabria vaya a recibir las inversiones que estaban anunciadas, ya que no dependen solo del Presupuesto de 2018, sino también de la estabilidad del ciclo político y de que hubiera en ministerios clave, como Fomento o Cultura, un activismo claro a favor de Cantabria en materia de plazos de tramitación de proyectos y adjudicación de las obras.

El Gobierno PRC-PSOE no tiene ahora mejor programa ante el nuevo Gobierno de España que reclamar que realice lo que ya el Gobierno de Rajoy había comprometido, en los tiempos comprometidos y con un ritmo de inversión anual que impida a la región recaer en desastres como el de 2016. Si el presidente y sus socios no logran esos compromisos, esta habrá sido la legislatura autonómica maldita, empezada muy mal y terminada mucho peor. Ahora mismo, ¿qué garantías tenemos de que no será este el desenlace?