Los letrados de la Administración de Justicia de Cantabria protestan por las «graves carencias»

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia han convocado esta movilización, que ha empezado a las 12.00 horas y ha durado treinta minutos.

Durante la concentración, el delegado provincial del CNLAJ, Julio Antolín, ha leído un comunicado con las reivindicaciones que el cuerpo de letrados plantea a la nueva titular del Ministerio de Justicia, Dolores Delgado.

Según las tres asociaciones convocantes, la Administración de Justicia «precisa su modernización de forma urgente» para desarrollar su función como «garantes del servicio público de calidad que merecen todos los ciudadanos».

Por ello, reclaman que se revise la planta judicial y que se implante una nueva oficina judicial que dirijan de manera «exclusiva» los letrados de la Administración de Justicia y que permita «obtener una justicia eficiente y un servicio público de calidad en todos los territorios».

Piden también que se incremente su plantilla, convocando al menos 250 nuevas plazas en cada uno de los próximos cuatro años, y que se consoliden los «cientos de refuerzos que están actuando desde hace años» y un sistema de sustituciones que establezca las «debidas retribuciones».

Consideran necesario que se dote a todos los funcionarios públicos de formación y medios materiales adecuados y que se refuerce el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de corrupción.

En el ámbito tecnológico, piden que se compatibilicen los distintos sistemas informáticos de gestión procesal existentes en el territorio nacional y que se implante el expediente digital, así como un sistema de estadística judicial que permita abandonar la extracción manual de datos.

Las asociaciones han defendido que desde la reforma procesal de 2009 los letrados de la Administración de Justicia han asumido el 80 % del trabajo procesal que hasta entonces correspondía a jueces y magistrados, sin que ese mayor trabajo haya supuesto un aumento salarial.

Han afirmado así que «ni siquiera se han equiparado» su retribuciones con las que perciben los funcionarios de otros cuerpos nacionales de la misma categoría, lo que «desincentiva» al colectivo.

Por ello, demandan «urgentemente una adecuación salarial que compense las nuevas funciones y responsabilidades asumidas», ya que, a su juicio, «una Administración de Justicia de calidad también requiere profesionales justamente retribuidos».

Piden también un nuevo reglamento orgánico «adaptado a la nueva realidad competencial» y un Registro Civil «de calidad y público».