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Los sesenta letrados de la Administración de Justicia –directores de oficinas judiciales– que hay en Cantabria se sumarán mañana a la huelga que ha convocado a nivel nacional la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para reclamar «una negociación colectiva propia ... y un salario adecuado». «No queremos continuar en el diseño de una justicia 'low cost': un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados», defienden los convocantes, a los que se han adherido la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj), y mayoritariamente las asambleas que se siguen celebrando en todo el territorio nacional.
Para quienes lo desconozcan, los Letrados de la Administración de Justicia, entre otras funciones, dan todas las instrucciones técnico-procesales a los funcionarios que trabajaban en los juzgados, tienen la responsabilidad de impulsar los procedimientos desde que llegan al juzgado hasta que se dictan las correspondientes sentencias y son fedatarios públicos, es decir, autorizan todas las resoluciones que se dictan, tanto las suyas como las de los jueces y magistrados.
Belén Alonso Frutos, letrada de la Administración de Justicia destinada en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Santander y en el Juzgado Decano de Santander, asegura que una de las razones que han llevado a convocar esta huelga es que «nuestras asociaciones y sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación y las cuestiones fundamentales que nos afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas, que no sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses».
Alonso señala que con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la Administración pública «que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los Letrados».
La otra razón por la que estos funcionarios irán mañana a la huelga tiene que ver con su retribución salarial. «Desde 2009, la gran reforma de la Administración de Justicia se apoyó en nosotros para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladando muchas de las competencias que antes eran de los jueces a los letrados. Nos dijeron que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas. Diez años después, el Ministerio de Justicia no nos ha adecuado todavía el sueldo a las nuevas funciones que se nos otorgaron».
Alonso asegura que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial. «Sin embargo, el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria, lo que nos obliga a ir a la huelga».
La Letrada del Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Santander asegura que el parón que realizarán mañana «provocará que no se pueda dictar ninguna resolución, ni celebrar ningún juicio... No se va a poder hacer nada, somos el centro de todo. Si paramos nosotros, para la Justicia».
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