Los letrados de Justicia mantienen la huelga: «El Ministerio no negocia»

Desde que el pasado martes arrancara la huelga de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ), ya no se ve el trasiego de personas que acuden a diario para realizar diferentes trámites, tanto los que se realizan en el Registro Civil, entre ellos las bodas (se suelen celebrar los viernes), como los que suponen la comparecencia de alguien como perjudicado, acusado o testigo en un juicio o un acto con presencia de juez. Hace una semana que ya no se ve esa cola de personas que se suele formar en el Registro Civil, en el pasillo donde también aguardan aquellos que son citados para los juicios que celebra el Juzgado de Instrucción Número 3. Esa soledad de las instalaciones parece que se va prolongar por un tiempo indefinido, como la huelga que este martes cumplió su séptimo día sin que haya ningún avance.

Una veintena de LAJ (57 están llamados a la huelga en Cantabria), el delegado cántabro del Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, Julio Antolín, y Belén Alonso, portavoz cántabra de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), otro de los colectivos convocantes de esta protesta, se reunieron este martes, a mediodía, en asamblea, para hacer balance de la primera semana de paro y decidir los siguientes pasos a tomar. Tras un encuentro que, celebrado en el salón de actos, se prolongó durante una hora, todos acordaron, por unanimidad, continuar con la huelga.

«Hemos acordado seguir. Mantenernos en la huelga hasta que el Ministerio de Justicia dé algún paso, porque, de momento, no ha dado ninguno. Tenemos constancia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos ha contestado, a través de su gabinete de prensa, deseando que se alcance un acuerdo de negociación, pero como no está iniciada la negociación pues nosotros no movemos ficha de momento», trasladó Belén Alonso a este periódico una vez que finalizó la asamblea.

A pesar de que 20 de los 57 letrados cubrieron los servicios mínimos que ha establecido el Ministerio y que ya han «impugnado» porque consideran la cifra «desproporcionada», los efectos de la huelga dejaron en suspenso otras 61 actuaciones con presencia judicial y bajo la fe pública del LAJ. Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial se vio obligada a suspender los tres juicios que tenía señalados este martes.

En el primero, fijado a las 9.30 horas, dos acusados de entrar por la fuerza en el comedor de Solvay y sustraer alimentos de la cámara de congelados y bebidas de la nevera del autoservicio por valor de 959 euros, se enfrentaban a una petición de pena de la Fiscalía de dos años de cárcel para uno de los acusados y de seis años para el otro, en el que concurre la circunstancia agravante de multirreincidencia.

En el segundo, fijado a las 11.15 horas, un matrimonio acusado de estafar a una empresa con cursos de formación que nunca se impartieron tenía dar cuenta al tribunal del acuerdo alcanzado con las partes para aceptar dos años de cárcel y 1.620 euros de multa.

Y en el tercero, señalado a las 11.30 horas, se iba a juzgar a un acusado de traficar con cocaína en Santander, para el que la Fiscalía pide una condena de tres años de prisión y 1.000 euros de multa por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

Aunque en Cantabria el porcentaje de seguimiento de la huelga ronda el 75%, según la información facilitada por el Colegio Nacional de los LAJ, desde el Ministerio de Justicia rebajaron esa cifra hasta el 22%, ya que tienen en cuenta que de los 58 convocados a la huelga en Cantabria (uno más de los que contabilizan aquí), 25 no secundan el paro y 13 sí, dejando al margen a los 20 que cubren los servicios mínimos.

Mientras el Ministerio sigue sin mover ficha, los convocantes reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que «las retribuciones del cuerpo de LAJ se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».