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Al cumplirse un año desde la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales (marzo 2023), surgen en Cantabria voces críticas por parte de la Federación de Defensa Animal (DEAN) ante la inacción de la administración para acatar lo ... dispuesto en el texto respecto a que los ayuntamientos deben asumir la gestión de los animales abandonados en la región. DEAN advierte de que «de no tomar medidas, interpondremos denuncias a las entidades locales». La nueva norma entró en vigor en septiembre para «implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país», –según recoge el preámbulo del texto–, pero «no se han obtenido los resultados esperados», aseguran desde los sectores implicados: protectoras, refugios, centros de acogida y veterinarios.
Uno de los principales cambios que introduce la ley es la obligación de cumplir con el sacrificio cero, es decir, no practicar la eutanasia a los animales de compañía por motivo de edad, ubicación o espacio de instalaciones, algo que «no se está respetando en Cantabria, donde se sigue realizando esta práctica», afirma Victoria Cedrún, presidenta de DEAN.
Ante esta situación de parálisis y la «saturación en las protectoras por el incremento de las cifras de abandonos», la federación ha enviado una escrito a los 102 municipios de Cantabria con un recuerdo de las obligaciones que les impone la Ley 7/2023 y que, de momento, «la mayoría no cumple». Un recordatorio con el que esperan que «se pongan las pilas», subraya Cedrún. «Si después de conocer sus obligaciones las entidades locales, siguen incumpliendo la normativa y no ponen medios para corregir tal situación, nos veremos obligadas a interponer denuncias», advierte la federación.
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El escrito se ha dirigido al equipo de gobierno y a los grupos de la oposición, con el fin de que los Ayuntamientos «consignen la financiación necesaria en los presupuestos» para garantizar en sus municipios el bienestar animal. «La mayoría de los municipios actúan como si no tuviesen ningún tipo de obligación con los animales abandonados», insiste Cedrún. «En la región no sólo no hay ningún albergue municipal para animales abandonados, sino que en más del 50% de los municipios ni siquiera existe servicio de recogida y, en los que lo hay, en muchas ocasiones se olvidan de los gatos», dice la portavoz. «La ley no se ha dejado sentir. Los ayuntamientos siguen sin hacerse responsables. El número de abandonos está incluso por encima de los datos anteriores a la norma», corrobora Eva Ceballos, al frente de la Asociación Galgos de Casa, que subraya que las protectoras están «desbordadas».
«Estamos hasta arriba. Podría ser que la gente se está deshaciendo más de sus perros por si acaso tienen que asumir los gastos del veterinario. No es justo que los rescatistas y las protectoras sigamos asumiendo los costes económicos y morales del abandono de los animales que llegan heridos por atropellos, maltrato...», añade Ceballos, a la vez que muestra a este periódico una serie de imágenes sensibles que reflejan el maltrato que sufren algunos perros y el doloroso estado en el que se encuentran cuando las protectoras los recoge.
Las fotografías que aporta reflejan heridas en carne viva.A continuación, enseña el antes y el después, con imágenes que atestiguan la evolución tras meses de cuidados veterinarios y terapias, que cambia radicalmente su calidad de vida y su aspecto.
No solo las protectoras, sino que particulares, por iniciativa propia, también se hacen cargo de animales perdidos que se cruzan en su camino. «Llevamos varios casos registrados en diferentes municipios de particulares que pagan de su bolsillo los gastos y, cuando se dirigen a los ayuntamientos para que los abonen (como recoge la nueva ley), se encuentran con una negativa de primeras, hasta que se habla de una posible denuncia no reaccionan», lamentan desde DEAN.
La nueva ley no tiene partida presupuestaria consignada, lo que el Colegio de Veterinarios de Cantabria señala como el origen del problema: «La Ley de Bienestar Animal deja a los veterinarios con el problema, ya que no se permite la eutanasia por motivos económicos, edad, enfermedad o lesión si existe tratamiento o medidas paliativas. Pero, si el propietario no puede pagar el tratamiento, quién corre con los gastos si esta ley carece de financiación. Se prohíbe la eutanasia, pero no hay financiación para poner en marcha esta medida».
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