«El hecho de que una ley sea constitucional no quiere decir que sea oportuna y pertinente»

–¿Es España menos democrática hoy que antes de la investidura de Pedro Sánchez?

–La calidad del sistema democrático depende de distintos factores, y uno de ellos es, evidentemente, la división de poderes. En España, en este momento, afortunadamente, tenemos un sistema democrático y creo que no hace bien a nadie cuestionar que este sistema sigue vigente. Otra cosa es que las garantías que nos aseguran que el sistema democrático es estable y de calidad tienen que estar permanentemente reforzadas y no dejar que se debiliten, y esa es la preocupación que existe: que pueda pensarse que se debilitan.

–¿Por qué han causado tanto revuelo los acuerdos que han hecho posible formar Gobierno?

–Aquí ha habido una doble circunstancia, al menos desde la perspectiva judicial: por un lado se hecho público el acuerdo entre dos partidos, uno de ellos del que forma parte la persona que se ha presentado a la investidura, y otro, cuyo representante es una persona que en estos momentos está reclamada por la Justicia y vive en el extranjero. Este pacto contiene una serie de menciones a supuestas actuaciones programadas en el ámbito parlamentario para revisar procesos realizados en cumplimiento estricto de la legalidad por jueces y magistrados. Esto fue lo que creó alarma y generó una respuesta unánime –y además inusual– de todas las asociaciones judiciales, que emitieron un comunicado alertando de esta situación, al que luego se adhirieron multitud de colegios profesionales y organismos, tanto judiciales como no judiciales. Por otra parte, ha llegado un texto de una proposición de ley sobre la amnistía, otra de las condiciones que se reflejaba en ese acuerdo. Ya el hecho de que sea una proposición de ley sí que llama la atención. Cuando es el propio Gobierno el que utiliza su iniciativa legislativa se tramita como proyecto de ley, pero se ha preferido no hacerlo así, sino a través del partido político y, por lo tanto, como proposición de ley. ¿Qué consecuencias tiene esto? Primero, que se tramita con mayor urgencia y luego, que se eluden informes importantes como los del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no van a poder emitir informes sobre una ley absolutamente relevante e inédita en España en estos últimos 45 años.

–No deja de ser curioso que, con este pacto, Puigdemont haya pasado de ser el hombre más buscado al más querido, nuestro Mandela particular.

–Obviamente, en la valoración de carácter político no voy a entrar, pero desde nuestra perspectiva sí es relevante tomar en consideración que el hecho de que esta persona esté residiendo fuera de España, evitando la acción de la Justicia, ha hecho que se active una serie de mecanismos de cooperación judicial internacional que, en vista de lo sucedido, no tendrían que haberse puesto en marcha. Ahora sí que existe cierta inquietud entre los integrantes del poder judicial sobre qué va a pasar en el futuro, qué nivel de credibilidad tendrá la Justicia española en el extranjero cuando pida cooperación judicial internacional.

–¿Hay algún atisbo de inconstitucionalidad en la ley de amnistía?

–La adaptación o no a la Constitución de una ley de amnistía está inédita en España; una amnistía como tal, con el olvido del delito, no se ha producido en nuestro país desde la aprobación de la Constitución, que ni la prohíbe ni la admite expresamente. El único que se puede pronunciar es el Tribunal Constitucional. Si una ley es inconstitucional, queda fuera del ordenamiento jurídico, pero el hecho de que sea declarada conforme a la Constitución no quiere decir que sea oportuna y pertinente. Que no vulnere la Constitución no implica que se santifique su contenido.

–En todo caso, parece que lo que es o no constitucional responde a un criterio cambiante.

–El Derecho es una sustancia viva, no es algo que esté preestablecido, y su interpretación está sujeta al criterio humano, no es algo inamovible. No es tanto el tema de si encasillamos en un color u otro a los magistrados del Tribunal: todos tienen una ideología, pero la clave del ejercicio de nuestra profesión es que esa ideología no condicione las resoluciones, y a eso estamos entrenados. El Tribunal Constitucional tiene un trabajo por delante complicado y sujeto también a distintas apreciaciones y percepciones. Lo que vaya a ocurrir con esta ley no es algo que se pueda meter en un mecanismo de inteligencia artificial, que nos dicte una resolución. Me consta que hay magistrados en ese Tribunal Constitucional que tienen un altísimo prestigio, un altísimo nivel intelectual y un elevadísimo grado de compromiso con el servicio público, y en eso confío.

–Es de suponer que las críticas que hoy se hacen a la ley se harán mañana al Tribunal Constitucional, cuestionando su independencia.

–Hay una percepción social de que se dividen los votos, e incluso se puede decir lo que va a votar tal persona por el perfil que se le atribuye. Cuando me plantean esto siempre recuerdo una respuesta que se atribuye al presidente norteamericano Eisenhower, cuando le preguntaron, años después de su mandato, por los errores que había cometido mientras ocupó el cargo: contestó que había cometido dos, y ambos estaban sentados en el Tribunal Supremo porque, al parecer, habían nombrado, con el sistema de designación directa que tienen en Estados Unidos, a magistrados cuyas resoluciones no parece que respondieran a lo que esperaba quien los nombró. Con eso quiero decir que una vez que a un magistrado se le designa para una alta responsabilidad, su trabajo, con total independencia, implica que no tiene que ser correa de transmisión de quien le ha nombrado, y eso se aplica a todos los tribunales, y cuanto más alto sea ese tribunal más se centra en él el foco de la atención mediática y más se analizan sus decisiones. Yo, por oficio, y porque llevo muchos años en esta carrera, siempre tiendo a pensar –porque no he conocido otra cosa entre mis compañeros y compañeras– que con independencia de cuáles sean su ideología o posiciones respecto a múltiples situaciones de la vida, siempre trabajamos con la ley y hacemos una interpretación de ella lo más técnica posible y lo más ajustada a los parámetros que aprendimos en nuestra ya lejana carrera de Derecho.

– El interés de izquierdas y derechas por colocar a sus peones en el Constitucional o las dificultades para renovar el CGPJ no ayudan a que los ciudadanos confíen en la separación de poderes.

–Nosotros somos los que sufrimos esta situación y sí que cuesta trabajo creer, sobre todo ahora, que se están poniendo en tela de juicio determinados pactos, con grandes cesiones, que no pueda haber un pacto que determine que veinte personas entre un grupo de profesionales absolutamente preparados y de gran prestigio puedan integrar el CGPJ. Me parece absolutamente increíble. Si a mí me correspondiera hacer ese acuerdo diría que aquí tenemos personas muy válidas, de todas las ideologías –porque a uno no le preguntan nunca por la ideología–, y sabemos que van a responder al trabajo que se les encomienda: pues elijámoslas. Si los hay, entonces, ¿dónde está esa falta de acuerdo? Probablemente esté en que alguien, no sé quién, pretende introducir ahí personas que sean esa correa de transmisión de un partido político. Puede que las haya, no lo sé: lo que sí sé es que la mayoría de los que pueden entrar como miembros del CGPJ son absolutamente profesionales, honorables y con una gran cualificación. Podría estar elegido en cinco minutos.

–Ha llamado la atención que todas las asociaciones de jueces, incluso las más afines al Gobierno, se hayan unido para criticar la posibilidad de que el Parlamento supervise su trabajo para detectar el 'lawfare'. ¿Por qué no pueden estar sujetos a esa supervisión?

–Esto tiene que ver con que el artículo 117 de la Constitución atribuye en exclusiva a los jueces la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Una vez que eso ha ocurrido, esa resolución pone fin a ese conflicto y se acabó. Eso no tiene posibilidad de revisión más allá de los recursos que la propia ley establece. La exclusividad para juzgar y ejecutar lo juzgado la tienen los tribunales y no se puede proceder a investigar o a realizar comisiones sobre qué pasó en un determinado proceso. Si se hiciera, lo que sucedería es que el poder judicial estaría totalmente deslegitimado en su función constitucional.