La Ley de Homenaje a Víctimas Terroristas cerrará la legislatura con unanimidad

Para la formación de Abascal esta normativa supone «una declaración de intenciones sobre la voluntad del pueblo cántabro de reconocer el dolor infringido a las víctimas por parte de la banda terrorista ETA y del sacrificio que han tenido que soportar para la construcción de España».

La ley contemplará, entre otros aspectos, la necesidad de incluir en el currículo educativo contenidos relacionados con el terrorismo y las víctimas; promoverá actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas y ampliará las medidas asistenciales como la psicología, psicopedagogía o sanitaria. También incluirá indemnizaciones complementarias a víctimas y promoverá la instalación de un monumento que sirva de recuerdo en cada lugar de Cantabria en el que se haya sufrido un atentado.

Vox considera esta ley «absolutamente necesaria y justa» ya que, en su opinión, «hoy más que nunca las víctimas del terrorismo tienen que recibir, sobre todo, apoyo moral». «Se tiene que continuar defendiendo el significado que tienen las víctimas y la defensa de la nación española en la unidad de España», señaló el diputado Armando Blanco, encargado de negociar esta proposición de ley en las diferentes comisiones parlamentarias.

El principal punto de fricción está en el régimen sancionador de la ley. Tanto PP como Vox coinciden en que la normativa debería incluir su propia tabla de infracciones y multas en caso de incumplimiento. De hecho, una de las enmiendas transaccionales presentadas por los tres partidos se centra exclusivamente en eso y propone tres niveles sancionadores. Faltas muy graves, entre 60.000 y 650.000 euros, por organizar actos públicos de homenaje a terroristas y asesinos; graves, entre 5.000 y 60.000 euros, por permitir el acceso a los espectáculos públicos a personas que exhiban prendas o símbolos terroristas. También se incluyen aquí a los ayuntamientos que no instalen monumentos de homenaje a las víctimas y a los que no celebren actos de reconocimiento. Las sanciones leves irían de 500 a 5.000 euros.

Pero tanto el PRC como el PSOE no están de acuerdo en que se incluyan estas multas en el texto. Prefieren que sea la Ley de Espectáculos ya en vigor la que sancione estos incumplimientos. «No hay ninguna normativa de este tipo en España que lleve un régimen sancionador porque es de dudosa constitucionalidad. Ninguna comunidad autónoma lo incorpora», explicaron desde el PRC.

El PP no está de acuerdo. Creen que los regionalistas lo que buscan es quitarle al Gobierno la responsabilidad de sancionar y que sean los ayuntamientos los que tengan que hacerlo. «Si la Ley de Memoria Histórica aprobada esta legislatura en Cantabria sí incluye régimen sancionador, ¿por qué esta no?», se preguntan los populares. En cualquier caso, los partidos reconocen que se trata de «un matiz en términos jurídicos, no de fondo», y la normativa se aprobará hoy por unanimidad.