La Ley de Simplificación se enfrenta al examen de quince expertos

Precisamente, la Mesa del Parlamento, en la que están representados todos los partidos, acaba de aprobar el calendario de comparecencias de expertos que opinarán sobre esta ley. A partir de este miércoles, quince especialistas en la materia examinarán, junto a los grupos parlamentarios, el texto de la norma. Como se puede ver en la ficha inferior, entre ellos se encuentran líderes sindicales y empresariales, representantes de colegios profesionales y distintos cargos del Gobierno involucrados de alguna manera en su redacción. En cualquier caso, una lista mucho más reducida que la de 35 expertos que sumaban las peticiones iniciales de PRC y PSOE.

Entre ellos hay una ausencia significativa, la del jefe de la Asesoría Jurídica del Gobierno, Jorge Fondevila, quien emitió un informe de 47 páginas en el que consideraba que varios artículos del proyecto de ley son «inconstitucionales». Sus discrepancias están, sobre todo, en el ámbito competencial, ya que considera que el Gobierno de Cantabria «ha de limitarse al suyo propio, con exclusión del ámbito local (el de los ayuntamientos)». Es decir, que aprecia que la nueva ley supone que el Ejecutivo autonómico se estaría extralimitando en sus funciones.

Pese a que PSOE y PRC solicitaron su participación en la Comisión junto al resto de expertos, PP y Vox lo bloquearon. A quien sí dieron el visto bueno para opinar es al director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente Ruiz, quien una semana después del informe negativo de su compañero emitió su propio dictamen positivo, en el que rebatía los argumentos sobre los límites competenciales de Fondevila, esta vez a favor del Gobierno.

La intención de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, era que la ley se sometiera a votación en el primer Pleno parlamentario del año, en febrero, pero no llegará a tiempo. Además de las comparecencias de expertos, que concluirán en enero, después llegará el plazo de las más que previsibles enmiendas a la totalidad.

El Gobierno no tiene garantizados los apoyos, a día de hoy, para sacar adelante la norma en el hemiciclo, por lo que deberá buscar el respaldo de Vox o PRC. El PSOE parece claro que no la respaldará después de denunciar que «crea problemas donde no los hay» y que trae «recortes en igualdad» en vez de «agilidad, eficacia y eficiencia».

Uno de los puntos que más dudas genera es la apuesta de la ley por la declaración responsable que, entre otras cosas, permitirá abrir un negocio sin esperar a la autorización previa de los ayuntamientos, como ocurre ahora, sino que se da por buena la palabra del propietario de que todo está en regla en el local.

Además, su aprobación implicará la modificación de una treintena de normas entre leyes y decretos: la de Régimen Jurídico, la de Subvenciones, la de Transparencia, la del Patrimonio de Cantabria, la de Fundaciones, la de Emergencias...