La Ley de Vivienda de Cantabria busca sacar al mercado los pisos vacíos dando más seguridad al propietario

Frente al «acoso a los pequeños propietarios por parte de la nación», el modelo autonómico apuesta por «proteger e incentivar al propietario». Ese es el resumen que hizo este jueves el consejero del área, Roberto Media, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, que estará en información pública durante todo el mes de junio y después se someterá al análisis del resto de consejerías para incorporar las aportaciones y ser remitido finalmente al Parlamento de Cantabria, donde el texto quedará ya en manos de los grupos con representación parlamentaria. Es decir, que aún puede sufrir muchos cambios.

La propuesta inicial actúa sobre la construcción , pero también sobre la rehabilitación de viviendas y la recuperación integral de barrios y pueblos. Busca incrementar el parque público de vivienda –la idea del Gobierno es doblar la cifra actual de 400 inmuebles públicos–, dar más facilidades a la creación de pisos de protección oficial tanto desde el sector público como desde el sector privado, rebajar las exigencias para acceder a este tipo de promociones y, sobre todo, la movilización de viviendas vacías. Que al menos una parte de los cerca de 50.000 pisos que están en esta situación en Cantabria –la cifra no es oficial, sino una estimación de la Consejería– salgan al mercado para que, con más oferta, los precios caigan.

Se hará con incentivos fiscales, rebajas del IBI y garantías adicionales –en su momento se habló de seguros públicos de impago que aún no se han concretado– que hagan la opción del alquiler más «atractiva» al propietario. Además, la renta a pagar se fijará de acuerdo al precio del mercado y no se basará en un índice de referencia más bajo, como ocurre con las zonas tensionadas. ¿Por qué? Media explica que, aunque seguirán las promociones públicas, no hay recursos económicos para construir 10.000 viviendas, la cifra que estaría en el mercado si se convence al 20% de estos propietarios temerosos.

A ello se suman nuevas medidas para tratar de frenar el fenómeno de la okupación y la inquiokupación. Se hará por distintas vías. Primero, creando un mapa de la okupación para conocer la dimensión real del problema. También se colaborará con los ayuntamientos y las policías locales, a las que se les dará la potestad –esto sí es una novedad– para actuar en caso de 'okupaciones flagrantes'. Es decir, podrán intervenir en los episodios que se acaban de producir. En las primeras horas. Porque con la actual norma nacional, cuando pasa el tiempo, la persona que ha dado la patada adquiere ciertos derechos y el propietario ya tiene que recurrir a la vía judicial, que puede prolongarse durante dos años. Aunque Media reconoce que lo que realmente hace falta es una reforma del Código Penal que el PSOE «bloquea» en el Congreso y que las competencias autonómicas en esta materia son limitadas, desde Cantabria también se pueden hacer cosas. Por ejemplo, con esta ley, una persona que en los últimos cinco años haya sido condenado por okupa no podrá acceder a ninguna ayuda en materia de vivienda.

En esa línea, se creará la Oficina de Apoyo a las Víctimas de Okupación. Para darles asesoramiento y respaldo legal a ellos y no a los okupas, como según el consejero, hacía la ley que redactó el bipartito y no llegó a aprobarse. «Serán los propietarios los que cuenten con nuestro asesoramiento. Estamos del lado de esos miles de cántabros que tienen una segunda vivienda, que con ella completan su economía. No deben pedir perdón por ser propietarios y son parte de la solución», resumió.