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Imagen de una de las latas de atún en la que los agentes de la Guardia Civil hallaron cocaína. OPC

En libertad con cargos los detenidos en Castro por introducir droga en latas de atún

Las detenciones de los investigados, que han abonado fianzas de hasta 10.000 euros, se produjeron en diciembre. El fiscal pide remitir el caso a un juzgado de Algeciras, al incautarse allí la cocaína

Domingo, 5 de marzo 2023, 10:52

Los detenidos en Castro Urdiales en el marco de la operación Xelinsulam-Albacares, en la que la Guardia Civil intervino hace meses dos toneladas y media de cocaína ocultas en latas de atún en el puerto de Algeciras, se encuentran en libertad con cargos tras abonar fianzas de entre 3.000 y 10.000 euros, según informaron a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación.

Esta operación se inició en febrero del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un entramado criminal, asentado en Castro Urdiales, dedicado a la estafa masiva a entidades bancarias.

Continuando con las investigaciones, la Policía Judicial de Castro Urdiales pudo constatar que esta organización había traído a un grupo de personas, de origen colombiano, con la intención de crear un núcleo de seguridad y de establecer la logística necesaria para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. Fruto de las pesquisas, los agentes obtuvieron los suficientes indicios para imputar la aprehensión de los 2.458 kilos de cocaína a dicha organización, así como a tres sociedades mercantiles, procediendo a la explotación de la operación policial de manera coordinada en cinco provincias diferentes (Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Valencia).

Las claves

  • Imputaciones A los investigados se les imputan delitos contra la salud pública, estafa y banda organizada

  • Supuestos hechos Cedieron el nombre de una sociedad «a cambio de un millón de euros» para recibir la mercancía

Tras varios meses de escuchas telefónicas (hay más de 1.600 DVD de grabaciones), la operación -que ya consta de más de 3.600 folios de sumario- estalló el pasado 12 de diciembre, con la entrada y registro en los domicilios de los implicados que residían en Castro Urdiales, diez en total (más otros ocho de las otras cuatro provincias).

Todos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdiales, que decretó la prisión provisional sin fianza de la mayoría, imputándoles supuestos delitos contra la salud pública, banda organizada y estafa. Este último delito -que podría dar lugar a una pieza separada dentro del procedimiento- se les imputa porque supuestamente hacían uso del capital a través de tarjetas de crédito de empresas de tecnología financiera o 'neobancos'. Además, llevaban una vida rodeada de lujos, utilizando vehículos de alta gama, conseguidos a través de estafas a empresas de leasing de vehículos, según sostienen los investigadores, que también hablan de una estafa a bancos, habiéndose logrado determinar la existencia de al menos 34 entidades bancarias perjudicadas, así como un gran perjuicio económico aún por determinar.

Sin embargo, hace unas semanas, la mayoría de detenidos -al menos los siete que residían en Cantabria y otros tres más- han sido puestos en libertad con cargos y bajo fianzas que han oscilado entre los 3.000 y 10.000 euros. Entre ellos, la persona que iba a comercializar el atún.

Ahora, el fiscal que lleva el caso ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castro Urdiales, Laura Yuste, que se inhiba y remita el caso a un juzgado de Algeciras por ser el lugar en el que se incautaron las dos toneladas y media de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador.

Según han detallado fuentes cercanas al caso, a los detenidos en Castro Urdiales se les investiga como supuestos destinatarios de la mercancía, no como los titulares de ella. Todos ellos tenían una sociedad cuyo nombre habrían cedido «a cambio de un millón de euros» para recibir dicha mercancía.

Testaferros

Según la información facilitada por la Guardia Civil, los cabecillas de la organización localizaban a testaferros, a los que colocaban al frente de una red de empresas cuyo único fin era establecer una actividad ficticia, amparada en todo tipo de detalles fraudulentos, para justificar la solicitud de créditos de cantidades muy elevadas a entidades bancarias. El dinero se distribuía, de manera automática, a otras empresas de la red, con cuentas tanto en España como en el extranjero.

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