Secciones
Servicios
Destacamos
El atasco en la Unidad de Salud Bucodental del Hospital de Liencres, lejos de resolverse, ha ido a más. La lista de espera acumulada para ortodoncias infantiles es ya de tres años. Ahora se está empezando a citar a niños que fueron derivados en 2022. ... Un problema que fue denunciado el pasado verano y que se achacaba a «la falta de materiales». En aquel momento, desde el Servicio Cántabro de Salud confirmaban «un problema de tránsito entre contratos de suministros, que estaba en vías de solución». Pero seis meses después, ahí sigue. Y no es el único frente que complica el día a día de la unidad encargada de los procesos dentales de mayor complejidad en los niños, sino que a ello se añaden las novedades introducidas en el plan de salud bucodental impulsado desde el Ministerio de Sanidad (dotado con 800.000 euros), que trajo consigo revisiones periódicas para los menores de 14 años -en 2024 se realizaron 5.000 consultas, con 620 tratamientos-, para embarazadas, adultos con discapacidad intelectual y pacientes con cáncer de cabeza y cuello (56 el año pasado). En definitiva, una ampliación de la cartera de servicios y de la demanda.
Ese retraso en las listas de espera afecta de manera más incisiva a los menores con necesidades especiales y discapacidad, ya que la mayoría necesita quirófano y anestesia para sus tratamientos. Es el caso del hijo de Diana Minguela, Diego, de 16 años, que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Él no es capaz de colaborar y sentarse tranquilamente en la silla del dentista para tratar sus problemas bucales, sino que requiere pasar por quirófano. Pero en Liencres la demora para pacientes como él es de «al menos un año», precisa su madre. «No podemos esperar tanto, después de haber pasado más de dos meses para la cita y valoración, si además tenemos que esperar un año, al final acabaremos en cirugía maxilofacial de Valdecilla, con la extracción de las tres piezas, igual que nos ocurrió hace años que tuvo que ser intervenido, en dos ocasiones, bajo anestesia general, con la consiguiente pérdida de dos piezas definitivas».
Con la opción de la sanidad pública «colapsada», el problema añadido que expone Minguela es que, tras una búsqueda en la región de alternativas por la vía privada, confirma lo que se temía: «En ninguna clínica privada de Cantabria pueden atender a Diego, por lo que tendremos que ir a Madrid. Y esto supone no solo un desembolso económico, por el desplazamiento y un presupuesto de 1.000 euros entre empastes y sedación, sino lo más importante es el desajuste emocional que esto supone para él, porque no entiende por qué le sacamos de sus rutinas, su entorno habitual, que conoce y le da seguridad. Está claro que no disfrutamos de los mismos derechos que los demás pacientes», se queja.
«Es una lucha contracorriente porque existen protocolos de atención sanitaria para personas con necesidades especiales, pero no se cumplen o son ineficaces. Es triste que no puedan tener acceso seguro y no traumático para un empaste, una limpieza bucal, aplicación de tratamientos e incluso ortodoncia como el resto de chicos de Cantabria», dice Minguela.
El acceso a la sedación dental para niños con discapacidad es un derecho recogido en el plan de salud bucodental del Sistema Nacional de Salud, pero que «no se lleva a la práctica, ya que en la mayoría de los casos se recurre a la anestesia general, con más riesgos», asegura la odontóloga Elena Sabadell, propietaria de la Clínica Dental Bezana Lago y madre también de un niño con necesidades especiales. Sabadell señala que «los propios dentistas de la sanidad pública lamentan que tienen la formación para aplicarlo, pero no acceso a los materiales y, por lo tanto, no se lleva a la práctica». El Colegio de Odontólogos de Cantabria ha remitido una carta a la Consejería de Salud en la que urge a reducir las listas de espera de estos niños y a cumplir con su derecho al acceso a la sanidad bucodental, pero «de momento no han reaccionado», lamenta Sabadell.
Desde el SCS, Miguel Ángel Soria admite que «ha costado» organizar la implantación del nuevo plan de salud bucodental, al que «había que dotar de personal, inversiones e infraestructuras, pero ya está encauzado para asignar los fondos del Ministerio en 2024, 2025 y 2026». De los nuevos grupos incluidos en esa ampliación de la cartera, reconoce que el menor acceso se está registrando en el colectivo con discapacidad: «han solicitado atención 150 personas», un 7% de la población diana (2.500). Y respecto a la abultada lista de espera de ortodoncias, apunta que «habría que revisar los criterios de derivación, porque solo está incluida en la sanidad pública en procedimientos muy concretos, que no cuadran con la demanda actual». Asimismo, niega que la falta de materiales sea ahora el problema, porque «el año pasado se gastaron más de 200.000 euros en suministros».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.