«La llamaron para decirle que se quedaba sin sus bienes y que no volvería a ver a su hija»

Es el triste desenlace de un drama, uno más, protagonizado por un colectivo que prefiere el anonimato y cuya confianza se ha ganado Aplec, una ONG de ámbito nacional que tiene su sede en Cantabria. Prueba de ello es que sólo en esta región mantiene contacto con 600 mujeres al año. Durante el confinamiento Aplec llamó por teléfono, aportó alimentos y prestó apoyo psicológico y social a 241 mujeres y 77 menores a su cargo.

«Estas mujeres se meten en esto por necesidad», señala el coordinador, «y por eso terminan siendo engañadas. Reciben ofertas de trabajo que son falsas. Cuando llegan al primer mundo se inicia un proceso de explotación sexual». La llegada de la pandemia provocó que muchas quedasen confinadas en el lugar en el que ejercen la prostitución y que algunas pidiesen ayuda para «comer, atender a sus hijos, pagar el alquiler...».

«Las explotadas están solas -añade-, viven en los clubes o en pisos, y las cobran por estar viviendo allí. A la deuda contraída por el viaje desde sus países de origen se unen los gastos de vivir aquí». Fruto las necesidades provocadas por el covid-19 en los prostíbulos, la ONG conoció a la chica rumana que perdió la vida en Barreda, cerca del club en el que residía. «Respondía al perfil de las mujeres del Este que lo dejan todo para venir a trabajar con la esperanza de ganar dinero, hacerse una casa y cuidar de sus hijos, mientras que la otra víctima tenía una vida más normalizada en Torrelavega», indica Royo.

La ONG realizó una primera entrega de alimentos en el club durante los peores días del confinamiento. Después se hizo cargo de ese cometido el Ayuntamiento de Torrelavega. Fue la «tónica general» en muchos prostíbulos y todo transcurrió con relativa normalidad hasta la noche del pasado miércoles: «Vimos la noticia en la web de El Diario y empezamos a preocuparnos. Después, ya de madrugada, las compañeras nos confirmaron la tragedia. No paraban de enviarnos audios, no podían dormir».

«Ellas tratan de separar el cuerpo del alma -explica el coordinador de Aplec-, los servicios sexuales del resto de su vida, pero no es fácil. Son mujeres que no se caracterizan por tener una estabilidad psicológica. Son víctimas de violencia de género». En el caso de la chica rumana, recuerda que había recibido en su país una «formación machista» y se imagina «la ira y el odio» que le produjo la discusión con su expareja. Después de la tragedia, la ONG se encuentra inmersa en una última pelea: «Estamos esperando que reclamen los cadáveres; no queremos que sean enterradas en fosas comunes».

Este periódico se ha puesto en contacto con otros colectivos sociales que atienden a estas mujeres, pero han decidido guardar silencio para no perder su confianza. Sí lo ha hecho un técnico del Ayuntamiento de Torrelavega, que prefiere no dar su nombre. «Es un colectivo al que nos cuesta mucho llegar -señala-. Es complejo, les da vergüenza, no quieren estar visibilizadas. La poca relación que mantenemos con ellas es como si fuesen unas usuarias más. Niegan el ejercicio de la prostitución».

Cantabria no puede ni prohibir ni regular la prostitución, una actividad que actualmente se encuentra en un limbo legal. Cualquier decisión al respecto tiene que pasar por el Estado, el único que tiene competencias en la materia. Pedro Sánchez dijo que quiere acabar con la prostitución, pero no acaba de hacerlo. Mientras tanto, en Cantabria hay 28 clubes y 200 pisos de alterne, según el último informe de la Fiscalía.