Llegan los desokupas a Cantabria: «Si la ley no actúa, actuamos nosotros»

La Guardia Civil cree que los autores de esta acción pertenecen a una empresa de desokupas. Pero no lo pudieron confirmar. ¿Por qué? Porque los okupas no denunciaron los hechos. «No tenemos constancia de intervenciones de ese tipo de empresas en la región».

Sin embargo, la posibilidad de que ese grupo de personas pertenecieran a una empresa de desokupas no es para nada descartable, ya que en Cantabria se han producido al menos una docena de actuaciones de este tipo en los últimos años, según ha podido confirmar El Diario Montañés tras consultar con diferentes entidades de este tipo.

El pasado enero, una vecina de Castro Urdiales se vio obligada a recurrir a una de estas empresas para poder desalojar de su vivienda a un padre y un hijo que accedieron a ella, a pesar de que la señora tenía allí sus pertenencias. De hecho, durante un mes tuvo que estar viviendo con una amiga ante la negativa de los dos okupas a abandonar su inmueble. Recurrió a la Guardia Civil, pero nada pudieron hacer para recuperar la vivienda de la mujer. Ante esta situación, el hijo de la afectada se puso en contacto con la empresa Antiokupas RJ Group, con sede en Marbella (Málaga), integrada por varios profesionales de seguridad privada que, como consecuencia del cierre del ocio nocturno por la pandemia, decidieron poner en marcha este negocio hace poco más de un año, en el que han llevado a cabo 400 desokupaciones.

«Recuerdo que nos trasladamos hasta Castro Urdiales en coche –el viaje fue de unas doce horas con parada en Madrid– para advertirles a los okupas que les dábamos tres días para que desalojaran la vivienda. Pasado ese tiempo volvimos y ya tenían todas sus cosas preparadas para abandonar el inmueble, que volvió a manos de su propietaria», cuenta Rafael Sánchez, director de esta empresa. «Más que una okupación aquello fue un allanamiento de morada», añade. «Les dijimos que todas las cosas de la señora tenían que estar allí, que no faltara nada. Y tal como se lo dijimos, todo se cumplió».

Sánchez recuerda que estos okupas «tenían muchas leyes». «Decían que no podíamos echarlos, que ellos tenían todo el derecho de estar en la vivienda, que la ley les protegía... Lo que dicen siempre todos». Sin embargo, les advirtieron de que si no abandonaban el inmueble pondrían un control de acceso «para que cuando saliesen, ya no volvieran a entrar, y todas sus cosas se quedarían dentro y no las volverían a recuperar». Este antiokupas, cuyo lema es 'Si la ley no actúa, actuamos nosotros', relata que tras desokupar la vivienda se quedaron a dormir en ella ese día. «Como llegamos tarde, la propietaria se quedó en casa de la amiga y nosotros dormimos en su vivienda. La puerta estaba rota y había que esperar a que viniera el cerrajero a cambiar la cerradura. Entonces estuvimos allí haciendo guardia y pusimos una alarma. Tenemos que asegurarnos de que cuando nos vayamos no vuelvan esos sinvergüenzas».

El director de Antiokupas asegura que todo lo que hacen es «legal». «Nosotros avisamos, les convencemos de que se tienen que marchar de forma voluntaria y amistosa. Por que si no, además de los controles de acceso hubiésemos denunciado y habrían salido perdiendo ellos. Nosotros les damos a entender todo y al final no tenemos que poner ningún control ni nada de eso», explica.

Sobre el coste de este servicio, comenta que su tarifa parte de los 2.500 euros. «Depende del tipo vivienda y del caso. Previamente hacemos una investigación y averiguamos qué hay dentro de la vivienda: si hay familia, si hay niños, el tipo de inmueble, el número de accesos...». Y suelen intervenir en los desalojos «entre tres o cuatro personas».