IU lleva a la Fiscalía la intervención de Okuda en Faro de Ajo por «posible prevaricación»

Entre otras cuestiones, pone en tela de juicio la protección del patrimonio protegido y pide que se investigue si se han producido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, «sin perjuicio de otros que la Fiscalía pudiera considerar».

«Quienes tienen que velar por el patrimonio colectivo de Cantabria están siendo responsables de su ataque», afirma Ruiz Salmón, quien acusa al presidente, Miguel Ángel Revilla, de ser el «principal interesado en el proyecto a tenor de sus declaraciones públicas».

«El único futuro que se empeña en cultivar para nuestra tierra es crear escenarios para Instagram justo en zonas, además, que ya tenían un impresionante atractivo por sí mismas», cuestiona.

El dirigente de IU considera que el Faro de Ajo es «sólo la punta del iceberg, la que se ve» en un contexto «totalmente lesivo para todas las formas de patrimonio de Cantabria» y que «parece contar con una total impunidad», dado que «ni siquiera la oposición mayoritaria de la población con respecto al proyecto o el rechazo del sector cultural son cuestiones a tener en cuenta por los gobernantes».

«Hemos de recordar que las tres administraciones promotoras están dirigidas por el PRC, en una suerte de cambalache, que ha contado con el silencio cómplice del PSOE y del vicepresidente de Gobierno y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, con competencias en materia de protección patrimonial», abunda.

En la denuncia citan las Normas Subsidiarias de Bareyo o el Plan General de Ordenación del Territorio, que establecen que elementos como el faro no podrán ser modificados «sustancialmente», y que sólo pueden hacerse obras de conservación que «mantengan los elementos y materiales existentes» y no alteren sus elementos arquitectónicos o decorativos.

«La denuncia recoge parte de los argumentos que ya hemos dado públicamente en relación a la conservación del patrimonio y que, pese a los avisos, los promotores de este proyecto con fines turísticos, tal y como han afirmado, han obviado», ha indicado.

También mencionan las normas que deben cumplir las autoridades portuarias para las instalaciones de iluminación de costas y señalización marítimas, en base a las cuales, apuntan en la denuncia, las funciones del faro quedarían «seriamente comprometidas» con el proyecto.

Además, hacen referencia a la «falta» de participación pública y «transparencia» en todo el proceso relacionado con las obras y mencionan el «rechazo social» al proyecto, expresado en las posiciones de organizaciones profesionales, culturales o sociales en defensa del patrimonio.