López del Moral y Acayro inician la pugna por presidir el Tribunal Superior de Justicia

Tras cerrarse el plazo de presentación de candidaturas y confirmarse que sólo había dos, tanto López del Moral como Acayro están a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fije la fecha en la que ambos deberán comparecer ante la Comisión Permanente para ser evaluados.

Según se recoge en las bases de la convocatoria, dicha comparecencia se realizará en la sede del CGPJ o a través de sistema de videoconferencia -dadas las circunstancias sanitarias será este el sistema que se utilizará- que se celebrará en audiencia pública salvo que, por motivos extraordinarios apreciados por la Comisión Permanente y debidamente consignados y documentados en el acta de la sesión, deba quedar restringida al resto de los candidatos a la misma plaza.

El CGPJ establece que la comparecencia «no constituye por sí mismo un mérito, sino un método para evaluar y facilitar la ponderación de las aptitudes de excelencia jurisdiccional y los méritos reveladores de aptitudes gubernativas, especialmente los referidos a la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurisdiccionales y jurídicas alcanzadas en el desempeño judicial o de otras profesiones jurídicas, así como también las aptitudes gubernativas expresadas a través del programa de actuación».

Así, la comparecencia de cada candidato, que tendrá una duración máxima de una hora, se iniciará con la exposición de los aspectos curriculares que el aspirante a la plaza considere de interés y cuya extensión máxima no podrá ser superior a 10 minutos. Seguidamente, y por un tiempo máximo de 10 minutos, cada candidato deberá abordar los aspectos que estime de interés en relación con las resoluciones destacadas o seleccionadas y escritos jurídicos. Y, posteriormente, deberán exponer los aspectos relativos al programa de actuación presentado (10 minutos máximo). Concluida la exposición, la ponencia entablará un diálogo con cada candidato y después los vocales podrán formular cuestiones. Finalizadas las comparecencias, el Pleno del CGPJ, formado por el presidente y 20 vocales, elegirán a uno de los dos candidatos.

Acayro opta al cargo tras permanecer ocho años en Castro, donde fue decano y titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad, y donde impulsó decenas de causas con cientos de investigados. Hasta el momento, nueve de la veintena de casos que impulsó -archivó otros 11- han sido resueltos con condenas, aunque algunas aún no son firmes. En 2015, abandonó Castro rumbo a Santander, al Juzgado de lo Contencioso Número 2. Pero antes de dejar atrás esa etapa, el magistrado concluyó la instrucción, consciente de que no le habían concedido una prórroga, de dos casos de corrupción pendientes. Además, Acayro emitió ese año el auto de apertura de juicio oral del 'caso La Loma», el más importante de los que instruyó y que está pendiente de sentencia después de que la Fiscalía «adelgazara» el procedimiento al retirar los cargos frente a 39 de los 45 acusados.

En algunos de esos casos también intervino su rival, López del Moral, entonces magistrado de la Audiencia Provincial, desautorizando decisiones de Acayro. La primera fue en 2010, debido al encarcelamiento del exalcalde castreño, Fernando Muguruza, ya que la Audiencia ordenó su puesta en libertad al considerar la medida «excesiva». Lo mismo hizo cuando el instructor castreño encerró en El Dueso a la exconcejala Elisa Dopico. Un año después, en 2011, López del Moral anuló los juicios del 'caso Trapur' y el 'caso Mioño' al considerar que había «errores» en la instrucción (aunque finalmente ambos juicios acabaron con condenas) y archivó las causas contra los constructores de las urbanizaciones de Santa Catalina, donde Acayro había imputado a 32 personas y que se ha cerrado con nueve condenados.

Ademas, López del Moral fue el ponente de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal que condenó a Acayro a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación absoluta «por revelación de secretos», aunque, siete meses después, el Supremo anuló esta condena.