López del Moral: «La incidencia de la huelga es importante y veo difícil una solución»

Con este panorama, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, reconoce que la Administración de Justicia está en una «situación muy complicada». «Creo que estamos ante una situación de muy difícil solución. Si hubiese un acuerdo antes de las elecciones sería maravilloso, pero si no el panorama es muy complicado. Las Cortes se constituyen el 17 de agosto y estamos hablando de irnos al mes de septiembre. Es muy complicado».

Aunque los datos «no son precisos», la reducción de notificaciones y resoluciones judiciales indica, según López del Moral, que el seguimiento de la huelga es del «40%». Un porcentaje muy inferior al que manejan los sindicatos, que lo elevan al 80%. No obstante, el presidente del TSJC reconoce que la incidencia de la huelga es «importante». «Los procedimientos judiciales que ya estaban retrasados de por sí, lo van a estar más», lamenta.

Aunque en está huelga se nota más la «ralentización» de los procedimientos y en la anterior, la de los letrados judiciales, había más «suspensiones» de actos, el efecto para el ciudadano «está siendo el mismo». Por jurisdicciones, la civil es la más afectada, aunque en las secciones penales de la Audiencia Provincial «se están suspendiendo todos los juicios prácticamente».

Cuando el que describe la situación es un representante sindical, el panorama es aún más desolador. El responsable del sector de Justicia del sindicato CSIF, Manuel Garay, asegura que el viernes no se celebró ningún juicio en Santander, «salvo en un Juzgado de lo Social». «Está todo paralizado. El decanato solo tiene a una persona para las cosas urgentes y las cautelares. El resto se reparte. Se están acumulando demandas sin repartir. No se tramita nada, ni se notifican sentencias, ni se celebran juicios, ni nada de nada... Lo mínimo: violencia de género, causas con preso o asuntos urgentes de familia...», apunta Garay, que asegura que los pasillos del complejo judicial de Las Salesas están «vacíos».

El representante de CSIF tampoco augura una solución temprana al conflicto, entre otras razones porque el Ministerio de Justicia ni siquiera les ha puesto sobre la mesa una propuesta económica con la que empezar a negociar. «El Gobierno tiene capacidad legal para solucionar el problema, pueden aprobar gastos extraordinarios. Por eso vamos a intentar forzar para que nos hagan una propuesta económica que no tenemos en dos meses de huelga. Si es pequeña decidiremos si seguimos o no con los paros», adelanta Garay.