Los peligros de la costa cántabra cuando llega un temporal de mar

Son casos que tienen en común la imprudencia, bien por desconocimiento del riesgo, bien por una mal entendida valentía que puede tener consecuencias fatales. En los 284 kilómetros de costas que suma Cantabria hay algunos lugares muy peligrosos cuando al mar le da por batir.

Además del espigón de San Vicente, La Roca Blanca de Suances, escenario habitual de posados turísticos con fácil acceso, no está exenta de que las olas más bravas alcancen a pescadores y curiosos. Tampoco la zona de La Arnía, en Piélagos, o los acantilados de Bolao, en Cóbreces. La zona oriental presenta riesgos en el rompeolas de Castro Urdiales y la zona de Quejo en Arnuero. La tradicional imagen del paseo del Chiqui, en Santander, arrasado por la subida del agua, es una fotografía que podría tomarse también en la playa de Comillas, el paseo de La Concha de Suances, las dunas de Luaña, en Alfoz de Lloredo o el Sable de Isla.

El mar aniquila a su paso las barreras arquitectónicas creadas por el hombre, pero también los elementos naturales, dejando playas sin arena que muestran su fondo de roca. Por suerte, la noticia suele quedarse en los daños materiales. La pregunta que surge, cuando las alertas se convierten casi en rutina, es: ¿Quién debe advertir del peligro y controlar y sancionar las conductas de riesgo cuando la costa está en alerta?

Preguntados sobre las medidas que aplican para evitar sustos innecesarios, los alcaldes de los municipios costeros coinciden en una misma respuesta: la seguridad depende de Costas. También la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, que se encarga de la gestión de emergencias en la región, señala al organismo estatal como entidad autorizada para marcar límites. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, del que depende este área, la respuesta es y tajante: «El Mapama no tiene competencias en materia de salvamento marítimo, ni tampoco para fijar las medidas de seguridad en situación de temporal».

Así las cosas, cada administración elude la responsabilidad de prevenir los accidentes en las zonas de riesgo del litoral. Ante la falta de un organismo supramunicipal que unifique los criterios de actuación cuando se activan las alertas costeras, cada ayuntamiento aplica sus medidas. Casi siempre, reaccionando tras un suceso dramático.

Desde el año 2011, el Ayuntamiento de Santander aplica un protocolo de seguridad cada vez que se activa una alerta importante por fenómenos costeros. Cuando es naranja acordonan los accesos al Hotel Chiqui y el zoo de La Magdalena. Cuando es roja, la restricción afecta a todo el paseo marítimo de la Segunda Playa de El Sardinero hasta el parque Mesones. Hace apenas un mes, una persona fue denunciada por cortar una de las cintas de seguridad que acordonan la zona de riesgo. En este caso, no se aplicó una ordenanza municipal, sino una Ley estatal, como es la de Seguridad Ciudadana, y la denuncia la tramitó la Delegación del Gobierno, no el Ayuntamiento.

En el lado opuesto, hay municipios, como el de Liendo, que ni siquiera reciben avisos de precaución. Sin embargo, el alcalde, Juan Alberto Rozas, abogaría por imponer sanciones a aquellos que no respetasen los límites. «Habría que hacerlo con todo; la gente solo atiende a las normas cuanto les tocas el dinero». El alcalde de Santoña, Sergio Abascal, comparte su punto de vista: «Es como si la Policía delimita el aparcamiento y un ciudadano deja el coche allí; tendrá una multa», compara. En Arnuero, José Manuel Igual cree que cuando se trata de proteger vidas humanas «no podemos pensar en las competencias» y aboga por «educar y concienciar».

El Ayuntamiento de San Sebastián ha empezado este año a sancionar a los viandantes que se saltan el cordón policial para ver las olas de cerca cuando hay temporal. En Cantabria, de momento, nadie ha dado ese paso aunque alcaldes como el de Liendo opina que se debería abrir esa vía. Advertencia, vigilancia y sanción en caso de imprudencia es el protocolo que aplican ahora en San Sebastián. Sancionar o no a quien se juega la vida y compromete la de los servicios de emergencia por una imprudencia es un debate abierto desde hace tiempo en Cantabria. Como los ayuntamientos, el Gobierno regional, máximo responsable de la atención a emergencias, tampoco se atreve a dar ese paso.