Madrid recomendó aumentar la plantilla de rastreadores para el pase a la fase uno de la región

En el caso de Cantabria, el Ministerio de Sanidad da por buenos casi todos los argumentos que ya había esgrimido el Ejecutivo regional previamente para pedir el cambio de fase. Ni pone de manifiesto deficiencias importantes ni introduce recomendaciones destacables sobre cómo actuar una vez que la comunidad autónoma entrara -ocurrió el pasado 11 de mayo- en la fase uno tras recibir, precisamente, el aprobado del Gobierno de Pedro Sánchez. El único apunte tiene que ver con los denominados 'rastreadores', los encargados de detectar nuevos positivos y localizar a todos sus contactos con el fin de frenar la propagación del Covid-19.

El documento valoraba la puesta en marcha de una estrategia de pruebas PCR para todos los casos sospechosos a través de unidades móviles con personal de Atención Primaria, para lo cual recomendaba «reforzar las capacidades de disponibilidad de profesionales». A tenor de los hechos, la Dirección General de Salud Pública tomó nota, porque contrató a seis enfermeros y cuatro médicos, que se sumaron a la plantilla habitual de 37 personas. Posteriormente, en su comparecencia en el Parlamento de Cantabria, la responsable del área, Paloma Navas, informó de que adicionalmente se ha preparado un retén por si ese refuerzo no fuera suficiente ante la aparición de repuntes. De hecho, ya ha comenzado el proceso de formación en colaboración con la Escuela de Enfermería.

El documento sobre Cantabria es uno de los más concisos porque no notifica ninguna deficiencia importante y posiciona a la comunidad autónoma entre las mejor preparadas para afrontar la 'desescalada' junto a La Rioja, de la que destaca que ha sido la única con capacidad para hacer pruebas PCR al 100% de los pacientes que acudían a su médico de cabecera con síntomas compatibles con la enfermedad.

De Cantabria se subrayó en positivo que la tasa de realización de estos test estaba «significativamente por encima de la media nacional», algo de lo que han presumido desde el bipartito. También que la capacidad máxima de camas ordinarias y de UCI era «superior a los mínimos establecidos» o que se aseguraba un stock de material higiénico y de protección para los próximos dos meses. Hasta principios de julio, teniendo en cuenta que el documento está fechado el 8 de mayo.

Lo que no ha hecho público de momento el Gobierno de España es el informe análogo sobre los criterios para decidir el pase a la fase dos, que se materializó el pasado lunes.