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Un parche blanco sobre una pancarta amarilla refleja el paso del tiempo. En él hay un 20, que tapa un 15, que a su vez un día sustituyó a un 10. «Más de 20 años maltratados. ¡No hay derecho! Sólo queremos vivir en ... paz». Es el mensaje de la pancarta. «Tendríamos que cambiarlo por un 25 porque son más de 25 años de lucha», señala Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Una veintena de afectados por los derribos se manifestaron una vez más este jueves frente a la sede del Gobierno regional de Peña Herbosa.
«Aquí están las juventudes de AMA, y todos tenemos más de 60 años», lamenta Vilela. En el camino han perdido a muchos compañeros de la asociación «por ley de vida». Alguien que comenzó a manifestarse con 55 años —el conflicto empezó en 1994— hoy puede tener más de 80. «Maltratarnos así durante más de 25 años, y con una pandemia por medio, es imperdonable», sentencia el portavoz de AMA.
En esta ocasión, la Asociación de Maltratados por la Administración se moviliza para que «se cumpla lo firmado y no nos tomen más el pelo porque ya han sido demasiados años», afirma Vilela. Los manifestantes hicieron pública la proposición no de ley (PNL) que ha presentado después a la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria y a todos los grupos con el fin de «dar un impulso definitivo» a la solución de los derribos.
Ésta recoge cinco puntos: La materialización de los reiterados acuerdos; dar una solución definitiva a los afectados por las sentencias de derribo; llegar a acuerdos con cada uno de los afectados; la presentación ante la autoridad judicial de los desarrollos urbanísticos que puedan afectarles; y el avance en el ordenamiento jurídico para la protección de los ciudadanos en el ámbito del urbanismo.
«La fecha para la solución final se daba en 2019, estamos en 2021 y seguimos dando vueltas», exclama Antonio Vilela. «El señor Gochicoa, responsable de Urbanismo del Gobierno, tiene que trabajar para que se cumplan los convenios en tiempo y forma», apunta el portavoz de AMA. Vilela recuerda las manifestaciones «de todo tipo» que han hecho, las «20 resoluciones» sobre los derribos y «sólo» quiere «que se cumpla alguna, que ya es hora».
Él se fija en Andalucía: «Allí están regularizando 300.000 viviendas a la vez y aquí hablamos de 500», resume. «Ellos están teniendo la compresión de sus gobernantes, ¿qué pasa en Cantabria?», se pregunta. «Esas familias han acabado con su problema y nosotros seguimos igual», compara el portavoz de AMA. «Seguiremos haciendo lo posible y lo imposible por que esto acabe. Pero no hemos trabajado durante más de 20 años para que pisoteen nuestros derechos. No queremos ni un céntimo más de los que nos corresponden, pero tampoco uno menos», concluye. No quieren poner más parches a sus pancartas, sino la solución final a un conflicto sobre sus casas que se ha dilatado durante décadas.
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