Una mañana en el Juzgado de lo penal número 5 de violencia sobre las mujeres

La chica de nombre exótico entra en la sala de vistas, se sitúa ante el micrófono y, a la pregunta concreta de la jueza, responde que no va a declarar contra su expareja. Ella es la número 48 que este año ha optado por no seguir adelante en su acusación, que data de 2017. Él se encuentra a cinco pasos y ya se han visto en el pasillo, pero no intercambian una sola mirada ni fuera del tribunal ni una vez dentro. También el supuesto agresor renuncia a su derecho a hablar, así que el juicio empieza a las 11.23 y acaba exactamente a las 11.25. Se solicita la libre absolución y se pide que cese la orden de protección, que lleva dos años en vigor.

La mujer ha llegado al Juzgado de lo Penal número 5 junto a una testigo del maltrato, pero el abogado (que está claro que es de oficio, porque al llegar le pregunta si se acuerda de él y si sigue adelante en su intención) espanta a la acompañante. «Váyase, como que no ha venido», le dice. La señora sale escopetada. El letrado quiere evitar que la llamen a declarar una vez que su patrocinada ha optado por el silencio.

Este tipo de juicio tiene lugar en muchas más ocasiones de lo que todos los profesionales quisieran. De hecho, hace tiempo que juristas y, especialmente penalistas, le dan vueltas a la posibilidad de provocar un cambio legal para acabar con la conocida como 'dispensa' a declarar contra un marido o una pareja que reconoce el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La titular del juzgado ha aprendido a asumir la situación: «Después de 10 años, ya sabes que algunas mujeres no van a ir hasta el final».

Están preparados a la hora que les ha marcado la Administración de Justicia, aunque sin mucha esperanza. Son dos mujeres muy arregladas y un chico. Esperan por segunda vez que se presente el maltratador (que ya está condenado) porque no compareció a la primera citación. Tampoco lo hará en esta ocasión, por lo que se emite una orden de busca y captura.

El grupo –que se ha trasladado a la capital para el juicio por quebrantamiento de condena– se revuelve: «No le pillan porque no quieren. Él anda por el pueblo y no se esconde... Si hasta va a hasta a la particular del crío», se quejan ante la funcionaria que les comunica la suspensión del acto. Les fija, además, una tercera intentona de juicio para la tercera semana de marzo que todavía les solivianta más: el primero ya se tuvo que suspender por el mismo motivo antes del verano y creen que el asunto se está prolongando demasiado. «Esto es un cachondeo. Así son los maltratadores, se permiten no venir y no pasa nada», claman. La funcionaria informa de que el próximo juicio se celebrará sin él si no aparece. Cuando le cojan, tendrá que entrar en prisión.

El caso es ejemplo de algo que denuncia el abogado Marcelo Rodríguez: en todo el itinerario jurídico-judicial de la violencia de género «hay un enorme problema de recursos. A efectos de la instrucción de las causas, se tramita bien y con celeridad. Pero falta protección a las víctimas y más ejecuciones. No hay dinero para hacer cumplir las sentencias». La jueza del Penal 5 lo corrobora y añade: «En materia de quebrantamientos, tenemos para escribir un libro», admite.

La tercera causa del día también se suspende. El acusado es un hombre mayor, de pelo blanco y respetable chaqueta marrón, que llega solo con su abogado. Tendrá enfrente a un grupo: esposa y denunciante –también en los 80– e hijos. A lo lejos se sitúan un par de expertos que han elaborado informes sobre el supuesto maltrato que ha sufrido ella.

Este asunto es enrevesado. No hay más que oír las voces de los abogados en el pasillo. El letrado del hombre invita a la abogada de la señora a llegar a un acuerdo. «Vas a perder», le advierte. Ella considera que es imposible perder con los dos informes que acreditan que su defendida lleva años sufriendo violencia. «Lo primero es que este señor se marche de casa y que deje de insultarla», exige la letrada, que le garantiza a su clienta que van a ganar porque está reconocido que ha habido violencia contra ella. A medida que pasan los minutos, la conversación sube de tono. El abogado del hombre va haciendo ofertas, a lo que siempre le responden que todo lo que quiera proponer «tendrá que ser por escrito».

De haber empezado la vista –que se anuló porque no se persona una testigo clave para el proceso– se hubiera hablado de un supuesto maltrato, sí. Pero también de la reclamación de arreglo de una casa en la que vive un hijo del matrimonio que está a la greña que ha recibido una indemnización millonaria tras haber sufrido un accidente y que nadie quiere que pase a ser tutelado por una Fundación. La familia del supuesto maltratador también demanda que éste se marche de su casa. «Que se vaya a una residencia y que deje de maltratar».