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A partir de este miércoles 22 de septiembre estará prohibido cazar el lobo en España. Unas contadísimas excepciones permitirán abatir alguno de estos cánidos, pero en la práctica será delito hacerlo. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ministerio para la Transición Ecológica ... y el Reto Demográfico (Miteco) pone fin meses de críticas y enfrentamientos entre los sectores ganaderos y las comunidades del norte peninsular, y los conservacionistas y el propio ministerio. No ha habido acuerdo que satisfaga a ambas partes y el lobo se incluirá en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el ya famoso Lespre. Su entrada en vigor es mañana mismo y da un plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar la Estrategia de conservación y gestión del lobo (Canis lupus) en España. Esta deberá ser aprobada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y podría incluirse alguna disposición que abriera alguna vía de acuerdo aunque no es una horizonte probable. Otra consecuencia directa de esta orden es que decaen automáticamente los planes y órdenes de control de lobos existentes y que los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de lobos para ser eliminados. Sin embargo, Cantabria ya ha adelantado seguirá aplicando su Plan de Gestión del Lobo mientras pide ante la Audiencia Nacional la suspensión cautelar de la entrada del lobo en el Lespre.
La resolución del BOE regula compatibilidad de medidas vigentes y señala que las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas, con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, podrán seguir siendo de aplicación, siempre que se ajusten a las condiciones y a las limitaciones previstas la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Estrategia de conservación y gestión del lobo que se apruebe antes de que acabe el año.
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En concreto, se podrán aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares que cuenten con una autorización administrativa que se conceda por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, siempre que cumplan los siguientes criterios:
En primer lugar, cuando se haya demostrado que se han aplicado adecuadamente por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces, teniendo para ello en cuenta el catálogo de medidas de protección del ganado ante eventos de depredación del lobo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como otras medidas de protección que hayan sido previamente valoradas favorablemente por la comunidad autónoma o para las cuales se disponga de evidencia científica sobre su efectividad.
En segundo lugar, que se justifique con el mejor conocimiento disponible que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie.
Y finalmente, que se justifique la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos.
Las medidas deberán ser selectivas, realizarse en un tiempo lo más próximo posible al perjuicio y lo más cercano a las explotaciones afectadas y deberá realizarse un seguimiento de la efectividad de las actuaciones de extracción.
La orden del BOE establece que las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica las autorizaciones administrativas concedidas. A todads estas exepciones es a las que Cantabria se acogerá de forma inmediata mientras se resuelven todos los recursoso presentados
La resolución del ministerio hace balance, además, de las tramitación de esta inclusión en el Lespre y explica que da así respuesta a «diferentes propuestas recibidas» provenientes de particulares, organizaciones científicas y administraciones, incluyendo entre ellas al propio Ministerio que dirige Teresa Ribera. Recuerda que todo arrancó a propuesta proveniente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). De ahí pasó al Comité Científico que recomendó la incorporación de todas las poblaciones españolas de esta especie en el Listado. A su juicio, la información disponible ponía de relieve su importancia como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas.
La tramitación de la propuesta recibió la aprobación por parte de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en febrero de 2021 y a partir de ahora todas las poblaciones españolas del Lobo (Canis lupus) quedan incluidas en el listado.
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Las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95 por ciento de los ejemplares de la especie se han mostrado en contra de esta decisión y han anunciado que recurrirán esta decisión por vía judicial.
Tras la publicación de la orden y la tormenta de rechazos y anuncios de recuros, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apontó por conseguir una estrategia estatal que permita garantizar la coexistencia de esta especie con la ganadería para que «de una vez por todas no sea el ganadero quien asuma el coste».
«Lo que debemos conseguir ahora es una estrategia estatal que permita una gestión que garantice la coexistencia de la especie con las actividades que se desarrollan en el medio rural», ha indicado Morán en declaraciones a Europa Press.
En este sentido, ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene ya las previsiones de incorporación de un paquete de compromisos presupuestarios y de apoyo técnico y de recursos humanos para contribuir a la tarea que hasta este momento habían soportado en exclusiva las CCAA «y sobre todo para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que forma parte del conjunto de la biodiversidad del país».
Según ha precisado, el lobo es «patrimonio del conjunto de la sociedad» y, por lo tanto, «es el conjunto de la sociedad el que debe asumir los costes de gestión de protección de la biodiversidad». «Es en ese sentido en el que la Administración General del Estado asume ese compromiso», ha subrayado.
Quientambien tomo la palabra fue el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para reconocer se trata de un debate «complejo» entre la preservación de la biodiversidad y la de los «legítimos intereses de nuestros ganaderos», de quienes ha dicho que «sufren miedo muchas veces y yo lo comprendo». En este tema, ha dicho, «solo puede estar el ministro de Agricultura al lado de los ganaderos, como es lógico, pero al mismo tiempo preservando esa biodiversidad que tan necesaria es para el conjunto de nuestra sociedad».
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