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MARE gestionará el quinto contenedor a los ayuntamientos

MARE gestionará el quinto contenedor a los ayuntamientos

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ofrece un convenio a la Federación de Municipios para prestar el servicio

José Ahumada

Santander

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Miércoles, 27 de noviembre 2024, 07:25

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La empresa pública MARE gestionará el quinto contenedor en los ayuntamientos que se adhieran al convenio que les ha ofrecido la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para ayudarles a cumplir la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que determina igualmente la obligatoriedad de la recogida separada de los residuos textiles y aceites usados de cocina y voluminosos para las entidades locales.

El responsable del área, Roberto Media, mantuvo este martes un encuentro con la directiva de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) para hacerles llegar la carta de servicios de MARE (por sus siglas, Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria), que incluye la recogida, transporte, almacenamiento en los centros de transferencia y tratamiento de los residuos. Será esta Federación la encargada de trasladar posteriormente el ofrecimiento a los municipios, y aquellos que deseen la colaboración del Gobierno deberán solicitarlo y adherirse a través de este convenio.

Media reconoció que «la puesta en marcha de nuevos servicios siempre es una complicación para los ayuntamientos, y por eso en el último año hemos estado trabajando para tener preparado todo el dispositivo que es necesario para cumplir con esa ley y con la nueva normativa europea en materia de residuos. En este momento ya estamos en disposición de hacerlo, tenemos los medios necesarios y tenemos firmado un convenio con el Principado de Asturias para que recojan esos residuos, a la espera de que dispongamos en Cantabria de una nueva planta para su tratamiento».

El consejero recordó que la norma que exige la implantación del quinto contenedor para la recogida separada de residuos biodomésticos debería estar cumpliéndose desde el 30 de junio de 2022 en el caso de las entidades locales con una población superior a los 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios, y marcaba también un plazo, el 1 de diciembre del año en curso, para la recogida selectiva de residuos textiles, aceites usados de cocina y voluminosos. «Durante muchos años esto no se ha puesto en funcionamiento y ahora es el Gobierno regional el que tiene que dar el paso al frente para que esta ley entre en vigor también en Cantabria. Queremos prestar apoyo a los ayuntamientos que lo necesitan, porque la mayor parte de ellos no puede llegar a conseguir los objetivos que plantea esta ley». Se refirió, en concreto, a «aquellos casos en los que, por razones de densidad de población, dispersión poblacional o distancia respecto de las plantas de gestión final, sea complicada la creación de consorcios o mancomunidades para la prestación de este tipo de servicios».

Subrayó que «Cantabria no puede seguir quedándose atrás en materia de residuos como en los últimos años», y abogó por impulsar «políticas valientes y decididas» en la defensa del Medio Ambiente, «las que a la larga van a preservar nuestros grandes valores medioambientales».

La nueva carta de servicios de MARE contempla la recogida y transporte –hasta la planta de transferencia o de gestión final, egún el caso– de la fracción resto y de biorresiduos; la recogida separada de envases y cartón y su traslado a plantas de clasificación, separación o, en su caso, de gestión final, así como la recogida selectiva de residuos textiles, residuos de plástico de uso agrario y de aceites domésticos.

Todo este proceso contribuirá a elevar la factura que los cántabros deberán pagar, teniendo en cuenta que la ley prohíbe que la Administración pueda subvencionar el tratamiento de los desperdicios. «El Gobierno de Cantabria viene subvencionando este impuesto que, a partir de abril de 2025, vamos a tener que cobrar a los ciudadanos; vamos a intentar que sea lo menos posible, pero, lógicamente, tenemos que cumplir la ley, esa ley que ha impuesto la hoy exministra Teresa Ribera y el presidente Sánchez. Vamos a tener que trasladar al ciudadano todos esos cargos: el coste de estos servicios es el que es y la ley es clarísima».

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