MARE pagó 1,3 millones en sobresueldos irregulares pese al aviso de Intervención

No es una novedad la existencia de este tipo de pagos fuera del cauce legal en la empresa que gestiona las basuras de la comunidad autónoma. De hecho, en un informe previo hecho en 2018, el órgano fiscalizador ya ponía de manifiesto estas «incidencias relevantes» y establecía el origen del problema en 2008, por lo que el montante total sería superior. Según aquel documento, de 374.000 euros anuales. Lo más llamativo de todo, lo que destacan las dos funcionarias que firman el trabajo, es que estas prácticas se prolongaron en el tiempo durante dos años más. Después de que la Intervención General de Cantabria detectara el caso y exigiera que se pusiera fin al pago de sobresueldos de forma inmediata, MARE no rectificó.

Hubo sobresueldos aún en 2019, cuando la empresa autonómica con sede el parque de La Viesca (Cartes) todavía estaba en manos del PSOE -de hecho, fue la exvicepresidenta Díaz Tezanos la que hizo pública la auditoría y anunció que se cortaría en seco con este tipo de praxis- y cuando en 2020 ya habían tomando los mandos los nuevos responsables, nombrados por el PRC. En el primero de estos ejercicios se pagaron 286.675 euros y, en el segundo, una cifra similar, alrededor de 280.000. El acumulado de los últimos seis años es el que arroja esa cifra de 1,3 millones. Desde 2015 hasta 2020, los años que analiza este segundo informe que en realidad no es una nueva auditoría, sino un control y seguimiento de las medidas correctoras propuestas en el anterior, han pasado por MARE tres directores generales: Rosa Inés García, Felipe Lavín y José María Díaz, el actual. Además, anteriormente, también en la época del PP se constatan situaciones similares.

«Se han venido abonando, hasta la nómina de enero de 2021, las respectivas retribuciones sin haberse suspendido el pago de aquellos conceptos que contravenían lo previsto en el convenio de MARE o que vulneraban la normativa presupuestaria», subraya Intervención.

Y constata que el pasado 8 de enero, una vez regularizada la situación, se cursó la correspondiente comunicación a los trabajadores afectados, «indicándoles el motivo de la incidencia y sus nuevas retribuciones» con efecto inmediato. Casi dos años después de detectarse el problema y año y medio más tarde de lo que exigía el órgano fiscalizador, que reclamaba poner todo en orden antes de septiembre de 2019. Estos sobresueldos considerados «indebidos» afectan a al menos a 58 trabajadores -el estudio de auditoría se hizo sobre una muestra de la plantilla, no sobre los 277 empleados- de distintos escalafones de MARE.

No sólo no se pusieron fin a esas irregularidades y se mantuvieron, sino que también se obvió otra de las medidas correctoras que proponía Intervención: la reclamación a los beneficiados del reingreso de los pagos extraordinarios que no estaban bajo el amparo de ningún paraguas legal. Ante eso, tanto en 2019 como en 2020, lo que hubo fue «inacción». Una falta de actuación que se traduce en que una parte de esas cantidades que pudieron reclamarse han prescrito ya. Es decir, que ya no se podrá recuperar.

Y una inacción que parece haber cesado. Porque la dirección de MARE, el pasado 28 de enero, mediante un burofax, comunicó a los involucrados «el importe percibido en el último año para que se proceda a su restitución a la empresa». E hizo constar que en caso de que el empleado se niegue, la empresa iniciará la oportuna reclamación judicial. Según el Servicio Jurídico del Gobierno, que se pronunció sobre este asunto a instancias de la Intervención General, también podría haber consecuencias legales para los responsables de la sociedad pública que permitieron o no frenaron esta práctica.

En concreto, señala que las situaciones de «pagos indebidos o injustificados» pueden derivar en un tipo especial de responsabilidad patrimonial, la responsabilidad por alcance, que recoge la Ley de Finanzas de Cantabria y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado. Es decir, que no descarta la posibilidad de que ahora alguien tenga que pagar de su propio bolsillo por estos hechos.

Por permitirlo o por no reclamar la devolución a posteriori, porque la auditoría cree que «la inacción expresada en el presente informe trae consigo la posible prescripción -todo lo anterior a 2020 ya está perdido- con el consiguiente perjuicio económico para la Hacienda Pública». Cabe recordar que MARE se financia a través del Gobierno de Cantabria.

La auditoría habla de seis tipos de retribuciones irregulares. Por una parte, se detectaron casos en los que se pagaba al trabajador por una categoría profesional superior a la que figuraba en su contrato laboral sin que hubiera documentación acreditativa que lo justificara. También había «complementos personales» con importes muy dispares y sin correspondencia con los respectivos niveles de responsabilidad, de ahí su carácter «subjetivo» y contrario a la norma. Además, se hallaron subidas salariales en los años en los que la ley presupuestaria establecía la congelación. «Pluses, complementos indebidos, liquidación de pagas extraordinarias, conceptos fuera de convenio...».

La Intervención General de Cantabria emitió este informe provisional el 29 de marzo de este año y dio 15 días a la empresa pública y la Consejería para realizar las alegaciones. Así, el director general de MARE presentó un escrito en el que, según los auditores, no aporta «evidencias que contradigan los resultados expresados en el informe provisional». De esta forma, antes de verano se convirtió en definitivo. Y ese es el texto final que recoge todas estas incidencias relacionadas con cobros indebidos por parte de algunos trabajadores.

Fue en junio de 2019 cuando Díaz Tezanos, entonces consejera del área, sacó a la palestra este asunto y anunció que MARE exigiría la devolución de los importes de forma inmediata, algo que no ha pasado hasta el pasado enero. La reclamación del reintegro de estas cantidades era una de las 42 recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador. Y entonces el Ejecutivo afirmó ya que se había elaborado un plan corrector con el que se preveía que todas las indicaciones estuvieran cumplidas en un año. Años antes, otra auditoría anterior ya había apuntado en 2016 que MARE, durante la etapa del PP, había adjudicado contratos mayores a dedo.