MARE reclamará 374.000 euros que pagó indebidamente a 58 trabajadores

La reclamación del reintegro de estas cantidades es una de las 42 recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador en su auditoría, cuyas conclusiones fueron presentadas ayer por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, el director Miguel Ángel Palacio y el responsable de MARE, Felipe Lavín. El informe auditor ha sido asumido en su integridad por el Gobierno y la empresa pública, que no presentarán alegaciones, de manera que es firme. El Ejecutivo ha presentado un plan corrector con el que prevé que todas las indicaciones estén cumplidas en un año. De hecho, 14 de esas medidas están ya implantadas y otras doce se encuentran en fase de ejecución.

Ahora, una vez adquirida la firmeza de la auditoría, MARE podrá iniciar los procedimientos de reintegro de las cantidades cobradas de manera indebida a los trabajadores, reclamaciones que Díaz Tezanos da por sentado que en muchos casos llegarán a los tribunales. La vicepresidenta señaló que se darán «todas las facilidades» a los empleados para devolver las cantidades y tratar de llegar a un acuerdo, aunque «si el caso llega a los tribunales asumiremos las resoluciones judiciales que se dicten».

Aunque la casuística no es exactamente la misma, el Gobierno regional ha tenido que afrontar esta legislatura una denuncia sobre el pago de supuestos excesos retributivos a cinco altos cargos de la empresa pública Sogiese. La denuncia fue interpuesta por OlaCantabria, formación política creada por el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, que llevó al consejero de Economía, Juan José Sota, ante los tribunales, y tenía como base una auditoría también de la Intervención General que cuestionaba la legalidad de recibir sueldos por encima del límite legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria zanjó el asunto el pasado mes de enero. No sólo archivó la denuncia y liberó a Sota de cualquier sombra de duda, sino que concluyó que los incrementos retributivos se ajustaban a la legalidad.

A pesar de este precedente, la vicepresidenta y su equipo acatan las conclusiones de la auditoría sobre MARE y asumen su criterio respecto a las subidas salariales indebidas. De los 374.004 euros que el Gobierno reclamará, 199.282 euros fueron percibidos por 23 trabajadores y corresponden a subidas salariales superiores a los límites establecidos en las respectivas leyes de presupuestos autonómicos cada año. Intervención sostiene que esos excesos «resultan contrarios a Derecho, desde la fecha en que se produjeron». Según el informe, con la aprobación del nuevo convenio debería haberse creado y aprobado un concepto absorbible que no se creó.

Otros 155.255 euros son la suma de subidas salariales indebidas a nueve empleados aprobadas entre 2009 y septiembre de 2015, periodo que coincide con la ley de sostenibilidad de los servicios públicos que aprobó el PP en 2012. Entre los afectados hay trabajadores de distintas categorías, incluidos operarios. Además MARE va a reclamar la devolución de 19.466 euros por pagos indebidos de conceptos según convenio a 26 trabajadores desde 2008.

Díaz Tezanos insistió en que en la actualidad MARE es una empresa «competitiva, solvente y saneada económicamente» y un ejemplo por su protocolo de contratación, que han incorporado otras empresas públicas. Así, presumió de que en la actual legislatura la sociedad pública ha asumido en su integridad las 27 recomendaciones de la auditoría sobre el sistema de contratación, realizada en 2013 y 2014 también por la Intervención General y que dieron lugar a un nuevo protocolo. Como ejemplo de las malas prácticas que recogía ese informe, se refirió a los contratos menores, una fórmula «generalizada» en la empresa pública hasta el punto de que en 2015 superaron los 8.600, mientras que entre agosto de 2018 a mayo de 2019 han sido 289.

En 2012, con la llegada del PP al Gobierno, los responsables de MARE comenzaron su mandato encargando una auditoría a la empresa pública para determinar su situación económica, que no detectó ningún pago indebido, pero dio lugar a una reestructuración de la plantilla, que se cerró con siete despidos y el paso de 45 trabajadores a fijos discontinuos.