Martín urge una reunión a Echevarría para abordar la seguridad en el Puerto

Esperaban que el representante del Estado en la comunidad autónoma, Eduardo Echevarría, el máximo responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los cuerpos que «tienen la competencia exclusiva del control de las fronteras», les llamara para sentarlos en una mesa en la que «buscar soluciones a un problema urgente». Tras tres días de apelaciones y meses reclamando un aumento de las medidas de vigilancia, el sábado el delegado del Gobierno respondió. Pero no en el sentido que ellos esperaban: «La Autoridad Portuaria es la entidad gestora responsable de la seguridad en el recinto portuario. Si su presidente se siente incapaz de gestionarla, que dé un paso a un lado».

Una invitación a González a dimitir y una llamada al orden en la que Echevarría lo acusaba -y de paso a Martín- de lavarse las manos y «buscar culpables» por la pérdida de la conexión. También los animaba a «pedir menos y trabajar más», en referencia a los retrasos en la construcción de la obra y a la elaboración de un Plan de Seguridad. Llamada al orden, sobre todo, porque aunque es el Gobierno de Cantabria el que propone el nombre del presidente de la Autoridad Portuaria, le nombra el Estado, del que depende.

El sábado, Puerto e Industria, todavía incrédulos con la dureza del comunicado de la Delegación, centraron sus esfuerzos en subrayar que el principal motivo del cese de actividad de la línea Santander-Cork es el aumento de polizones y de intentos de salto a la valla. En eso, y en calificar como «lamentable» que Echevarría desconozca que la seguridad en el Puerto depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Yo no esperaba una nota de prensa de estas características. Esperaba una convocatoria a una reunión urgente. Si esto no se produce, la convocatoria la hará el Puerto para resolver un problema que es urgente. Ahora esperamos que la reacción de la Delegación del Gobierno sea consecuente a sus competencias y obligaciones», defiende Martín, quien apunta que en las reuniones mantenidas hasta ahora nunca se había puesto en entredicho la competencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el recinto.

Con ese cruce de acusaciones sobre la mesa, la postura del consejero de Industria, que durante estos días ha ido siempre de la mano de González, y más después del comunicado de la Delegación del Gobierno, es dejar atrás las confrontaciones. Después de que Echevarría le señalara la puerta de salida y de que el presidente de la Autoridad Portuaria mostrara su intención de continuar su labor y pusiera su cargo a disposición del Gobierno de Cantabria, González ha recibido el respaldo del Ejecutivo regional. Miguel Ángel Revilla, aunque no ha hablado expresamente del asunto, se ha remitido a lo dicho por su consejero.

Menos entusiasmo han mostrado desde el ala socialista del bipartito, compañeros de siglas del delegado del Gobierno. Aunque también ha puesto en cuarentena que la seguridad sea el desencadenante de la drástica medida adoptada por la naviera, la postura pública del vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha sido contenida: prefiere esperar a conocer más detalles sobre el origen de la decisión de Brittany Ferries.