Begoña Gómez del Río

Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad

«Nuestros mayores ahora pueden elegir en qué residencia de Cantabria quieren vivir»

–Según el avance del Presupuesto de 2024, la mayor subida va para Sanidad y Educación, ¿significa que su Consejería es de las que sale perdiendo en el reparto?

–No, no. Todas las consejerías aumentamos presupuesto; la mía, también. Se va a apostar por los servicios sociales con medidas económicas y de gestión.

–¿Va a permitir continuar con ese compromiso que había de aumentar los precios públicos de los centros de dependencia y mejorar así las condiciones laborales de sus trabajadores?

–Sí, se modificó la Ley cántabra de Servicios Sociales para aumentar en el sector de la dependencia un 4,5% este año y un 2,5% el que viene. El convenio colectivo se aprobó en junio, con lo cual hasta ese momento no podíamos trasladar esa subida a la realidad. Estamos trabajando ya en la orden de modificación de precios públicos y hemos pedido una generación de crédito para afrontar esa subida, que serán 2,5 millones este año. Y la de 2024 ya está presupuestada.

–¿Y las empresas del sector creen que es suficiente con eso?

–El sector solicita más. Una de mis premisas es hablar, escuchar, negociar... Vamos a hacer un estudio económico de costes y, sobre eso, tomaremos más decisiones.

–¿Está previsto aumentar el número de plazas concertadas?

–Ahora mismo tenemos cinco proyectos de residencias en construcción, están previstas unas 429 plazas, en Santander, Solares, Marina de Cudeyo, Puente San Miguel y Polanco. Calculo que podamos concertar unas 320.Esto aliviará la presión que tenemos en áreas como Santander y Torrelavega.

–¿Qué papel juega en todo esto el centro de Parayas?

–No es un proyecto inminente. En Parayas queremos llevar a cabo un plan funcional que dé respuesta a las demandas de plazas sociosanitarias de los cántabros, que se analice la posibilidad de crear plazas de residencia, de recuperación de la salud, de discapacidad, de salud mental... Para el año que viene vamos a empezar con este plan de los usos que se le puede dar.

–¿Qué plazos se manejan para que se llegue a ver ese proyecto?

–Va a depender de lo que indique ese plan funcional. Parayas es muy grande, hay doce edificios.

–Esa obra y ese plan se desarrollará con fondos propios porque los que tenía el Estado para el centro de refugiados eran finalistas. Desde la oposición se ha criticado la pérdida de esos 30 millones, ¿qué tiene que decir al respecto?

–Cantabria no pierde 30 millones, era dinero de una subvención del Estado, que no iba destinado a Parayas, sino a centros de acogida, que podía ser en cualquier parte del territorio nacional, con un plazo (2025) que esperamos que puedan cumplir. Efectivamente, el desarrollo del plan funcional se hará con fondos de la comunidad.

–Pero había dinero previsto para la compra del edificio y empleos que ya no se van a generar...

–Vamos a ver, el acuerdo del Consejo de Gobierno lo que decía era la cesión gratuita de uso, posterior segregación, construcción y, más tarde, compra del centro. Por lo tanto, lo inminente era la cesión. La valoración de la compra rondaba los 8 millones y en el informe que se encargó los empleos directos eran 25, según el expediente.

–¿Ya han recuperado la libre elección de residencias de mayores por parte de los usuarios?

–Sí, desde el 2 de octubre, en Cantabria se ha implantado la libre elección de centro. Ahora nuestros mayores ya pueden decidir en qué residencia quieren vivir.

–¿En qué medida está repercutiendo en la lista de espera?

–Los datos son variables día a día y está íntimamente relacionado con la libre elección de centro. Hoy (por el jueves) son 31 las personas en lista de espera residencial.

–¿Ha desaparecido la lista, que este verano llegaba a 242?

–No. En febrero de 2020 fue cuando se cambió el criterio, al usuario que solicitaba una residencia se le ofertaba una plaza en un centro del área correspondiente, pero si no la aceptaba porque estaba lejos de su casa y de su familia, esa persona desaparecía de la lista. Esto no va a pasar ahora. No se le expulsa del sistema. Se le pone en la lista de espera de la residencia que quiere. Y si tarda, se le oferta la prestación vinculada al servicio: esto quiere decir que va a tener que esperar si quiere en una plaza privada y le vamos a ayudar con esa prestación.

–Esa prestación se creó en la última etapa del Gobierno anterior...

–Se creó este año pero no estaba desarrollada. Ahora se puede elegir, es un sistema que prima a las personas sobre los números.

–Volvamos a la lista de espera para residencias, aunque se cuente de forma distinta, ¿de cuántas personas hablamos?

–A fecha 26 de octubre de 2023, hay 232 personas que, habiendo solicitado plaza residencial en Cantabria, están pendientes de que se resuelva el expediente dentro de los 90 días que establece la norma. Son expedientes en tramitación. Desde que el 2 de octubre se implantara la libre elección de centro, son 31 personas las que, habiendo superado los 90 días, permanecen en lista de espera para una residencia de su elección.

–¿Qué necesidades de recursos tiene el sistema de dependencia y cuáles son las prioridades?

–Ya hemos encargado un plan de necesidades, que va a estar a finales de año, en el que hemos solicitado información respecto de las residencias, centros de día, centros ocupacionales, centros de rehabilitación, alojamientos supervisados, vivienda tuteladas y de atención básica. En atención al resultado de ese plan, adoptaremos las medidas oportunas.

–Insisten en que se va a reforzar la coordinación con Sanidad en los centros de dependencia, ¿en qué se va a traducir esto?

–Es una de las mayores demandas: la coordinación sociosanitaria. Ya han empezado las reuniones entre los departamentos. Estamos estudiando experiencias en otras comunidades y vamos a tomar decisiones, pero de momento no hay nada cerrado.

–A los centros les preocupa el tema de la dispensación de medicamentos, que ahora es muy dispar dependiendo de los centros. ¿Cómo se va a solucionar?

–Es una de las reivindicaciones del sector y es otra de las cosas que dentro de este estudio de necesidades vamos a valorar.

–El Gobierno se ha marcado el objetivo transversal de agilizar los procesos. ¿Se van a reducir los trámites para acceder a los recursos de la dependencia?

–En toda la Administración se están analizando todos y cada uno de los procedimientos que se llevan, y a partir de ahí ya se está determinando cuáles son las cargas administrativas que se pueden reducir. También en esta Consejería. Nosotros hemos empezado ya con la renovación del carné de familia numerosa. Estamos llevando a cabo los trámites administrativos para que la renovación sea automática.

–¿Y el trámite de dependencia?

–Ahí apostamos por las nuevas tecnologías y estamos trabajando en intercambio de datos. Estamos analizando hasta qué punto podemos reducir las cargas administrativas de solicitud de documentación, informes…

–Los centros de atención a la dependencia públicos son un foco de conflictividad laboral histórico. ¿A qué se debe?

–Arrastramos el problema de la escasez de personal, sobre todo en enfermería. Las plazas públicas están todas ocupadas, pero el problema surge para cubrir vacaciones, permisos, bajas… Es ahí donde surgen los problemas porque las listas están agotadas. Por un lado, vamos a hacer visible el ámbito sociosanitario porque hemos detectado que cuando estos profesionales de enfermería salen de la facultad no lo tienen en cuenta. Ypor otro lado, estamos estudiando las posibles vías de movimiento de personal entre el ámbito sanitario y el sociosanitario. Construir puentes para un posible trasvase de profesionales.

–El problema es que las condiciones y sueldos en Sanidad y Dependencia son muy distintos...

–Bueno, pero condiciones laborales hay más. Hay cosas que pueden resultar atractivas más allá del salario (ayuda directa, medidas para conciliar, turnos…). El sector también nos ha trasladado su preocupación por la figura del gerocultor. Hay escasez y también nos hemos puesto a trabajar para ver en qué medida se puede flexibilizar el acceso a la formación.

–¿Les ha pedido el Estado recibir migrantes desde Canarias?

–Cantabria se ha comprometido a recibir a 26 menores en solidaridad con Canarias. Aún no sabemos cuándo llegarán.

–¿Hay espacio para acogerles?

–Nos hemos comprometido a acoger a esos menores porque creemos que vamos a tener plazas. Buscaremos la forma.

–La Fiscalía afirma que el grado de conflictividad de estos menores no acompañados ha disminuido mucho. ¿Lo comparte?

–En estos momentos, no existe un problema.

–¿Cantabria mantendrá la Renta Social aunque muchos de los beneficiarios hayan pasado a cobrar el Ingreso Mínimo del Estado, que es incompatible?

–Por supuesto. Es más, el 15% de los que reciben el Ingreso Mínimo tienen un complemento de la comunidad. Nuestra propuesta es mantenerlo. Bajó el gasto por la creación de esta figura estatal y en aquellas partidas presupuestarias en las que había sobrantes se destinaron en el pasado a gasto corriente. Nosotros, en el caso de que haya sobrante, lo destinaremos a la atención sociosanitaria. También para atender a familias en riesgo de exclusión, menores...

–La estadística dice que el riesgo de exclusión social en Cantabria ha disminuido. ¿Se corresponde con los datos que maneja la Consejería?

–Las demandas que nos trasladan los servicios sociales de Atención Primaria, primer nivel de atención de la ciudadanía y mejor conocedor de las necesidades de los usuarios, han aumentado con respecto a años anteriores.