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El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha restado importancia a las dudas planteadas por el Ministerio de Política Territorial respecto a la constitucionalidad de la modificación de la Ley del Suelo realizada por el Gobierno regional, y ha asegurado ... que se trata de «una cuestión habitual en la tramitación de cualquier ley de una comunidad autónoma».
Media abogó por llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central, para lo que anunció la formación de una mesa bilateral, con técnicos de ambas Administraciones, con ese objetivo. El consejero se mostró dispuesto a aceptar cambios en la nueva norma, siempre y cuando no afecten a «las cuestiones que son básicas para el Gobierno, que han apoyado los cántabros con su voto y que apoyan mayoritariamente los municipios de Cantabria».
«Las cuestiones que son prioritarias para el Gobierno de Cantabria en cuanto a la construcción en suelo rústico, las dijimos durante la campaña, las dijimos en la toma de posesión de la presidenta y las dije yo en mi comparecencia primera en el Parlamento, y han contado con un respaldo mayoritario de los grupos en el Parlamento. Es una ley que nace con mucho consenso, y que nosotros tenemos una clara convicción de defensa».
El portavoz regionalista en la Cámara, Pedro Hernando, también subrayó que el Gobierno central ha actuado «como hace siempre, como con la Ley del Suelo que aprobamos PRC y PSOE», estudiando la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos de la norma. «Creo que va a haber una negociación entre Cantabria y el Estado, y se podrá llegar a un acuerdo, porque incluso el último auto del Constitucional que hace referencia a la Ley del Suelo de Andalucía permite la construcción en suelo rústico. Existen posibilidades reales de que, simplemente haciendo una interpretación de alguno de los puntos de esa modificación, se pueda llegar a un acuerdo».
Mucho más drástico se mostró el secretario general de los socialistas cántabros, que votaron en contra de la Ley en el Parlamento. Según Pablo Zuloaga, «hipotecar el futuro de Cantabria y el desarrollo ambiental de nuestra tierra con una Ley del Suelo que es, claramente, insostenible e inconstitucional, es una temeridad por parte del Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria». En su opinión, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga «debe adecuar la Ley del Suelo al ordenamiento jurídico español». Respecto a las correcciones a realizar, Zuloaga indicó que «la parte más grave tiene que ver con la intención de los populares de permitir seguir desarrollando vivienda unifamiliar en suelo rústico sin ningún tipo de ordenamiento urbanístico».
A juicio del Gobierno central, el texto que salió del Parlamento de Cantabria el pasado mes de diciembre –apoyado por PP y PRC– y que está en vigor desde el 1 de enero, permite determinados usos del suelo rústico «prácticamente equivalentes a los permitidos en suelo urbanizable, incluso cuando el municipio cuente con un plan general o normas subsidiarias».
Estas dudas sobre su constitucionalidad han llevado a los responsables de Podemos Cantabria a pedir a la Crotu la paralización de todos los expedientes en tramitación de construcciones en suelo rústico. Seguir tramitando expedientes en función de una ley que puede ser ilegal «puede suponer un serio problema legal a futuro para el Gobierno y para los propietarios afectados», manifestó Pablo Gómez, responsable de Protección del Territorio.
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcalde de Mazcuerras, Javier Camino (PP), achacó a «una vendetta» la oposición de Madrid a «una buena ley, trabajada y consensuada». «Se habla mucho de poner remedio a la despoblación, pero los habitantes de esas zonas se consiguen integrando que se pueda construir un poco y que se respeten las costumbres rurales. La Ley es maravillosa, y me encanta que los ayuntamientos tengamos la potestad de poner límite».
Otro regidor, Pedro Pérez (PSOE), al frente de la Corporación de Marina de Cudeyo, consideró que la Ley del Suelo diseñada por el bipartito PRC-PSOE, ordenaba mejor la construcción en suelo rústico. «Creo que se debe dar una respuesta a los propietarios –que debido a la estructura de la propiedad en Cantabria es básicamente de minifundios–, ya que muchos se encuentran, con suelos que no son productivos, con una actividad agrícola y ganadera en declive, y tampoco tienen posibilidad de construir. El defecto que veo en la reforma del PP es que no ordena las construcciones en suelo rústico».
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