Media garantiza que la ejecución de los fondos europeos en Cantabria sigue los plazos «previstos»

La ayuda proveniente de los Fondos Next Generation fue puesta en marcha por el Consejo Europeo y empezó a llegar las comunidades autónomas a partir de 2021 con el objetivo de desarrollar los distintos programas diseñados para afrontar la recuperación económica tras la pandemia. Con una fecha final en el horizonte: diciembre de 2026. Momento en el que se tendrá que devolver el dinero no empleado y con intereses.

Es en ese 2026 cuando el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha puesto en duda que se cumplan con los plazos de ejecución: «Se acercan peligrosamente». Hernando ha añadido que la inacción en determinadas partidas «preocupa», porque los hitos del plan se cumplen, pero los objetivos plantean «algunas dudas». Unas palabras que han encontrado respuesta por parte del consejero quien ha advertido de que «la gestión del departamento del anterior Gobierno era lamentable». En este sentido, ha reiterado en varias ocasiones que Cantabria fue la única comunidad que, por ejemplo, no se presentó en la anterior legislatura al Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Agua «perdiendo la oportunidad de conseguir fondos muy importantes».

Ana Belén Álvarez, exconsejera de Economía del PSOE, ha sido la encargada de tomar la palabra por parte del partido socialista y ha pedido explicaciones por el «desajuste» que existe entre los 148 millones de euros que tiene asignados la Consejería, y los 156 que figuran en los informes elaborados trimestralmente por la Consejería de Hacienda. La diputada socialista ha puesto en valor el trabajo para presentar toda esta información y lo constructivo de que se pueda conocer los datos en la actualidad. Ante esa diferencia en los fondos, Media ha contestado que «probablemente viene por la separación de biodiversidad, pero que habrá que comprobarlo».

El mayor punto de fricción con el uso de algunas partidas económicas con el Ejecutivo nacional ha llegado con el Programa Unico. El consejero ha valorado que la «falta de interés de los posibles solicitantes y los plazos de ejecución tan cortos que se exigían» han hecho imposible la puesta en marcha de las ayudas para mejorar la conectividad de puntos estratégicos de actividad como son los polígonos industriales y centros logísticos por un lado y los centros públicos de referencia. Un aspecto que también ha sucedido con las pymes y colectivos vulnerables por «no ajustarse a las necesidades reales de la población».

Media ha remarcado que «existen en el mercado ofertas directas a estos colectivos por parte de algunos operadores de telecomunicaciones que son más atractivas que las propias ayudas». El consejero ha trasladado que en las diferentes reuniones mantenidas entre el Ministerio y representantes de las Comunidades Autónomas, así como en los requerimientos e informes, revelaron el bajo grado de ejecución del Programa, y «se está a la espera del real decreto que cancele Programa Unico».

«En vivienda íbamos a perder los casi 13 millones de aportación para la construcción de vivienda en alquiler asequible. Pero a pesar de ese retraso, creemos que estamos en disposición de cumplir con los objetivos marcados en Europa», ha destacado Media. Unas palabras destinadas a la anterior directora General de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego. «Nosotros, en menos de dos años, ya hemos puesto en desarrollo esas 285 viviendas. Esto sí es política de vivienda, gestión, trabajo y conocimiento de la materia para dar solución, en este caso a 285 familias de Cantabria en 9 ayuntamientos de todos los colores políticos».

El consejero ha recordado el proyecto para el desarrollo de 285 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que supondrá una inversión total de 42 millones de euros. De ellos 12.960.000 euros procederán de fondos europeos lo que significa un 30,32 %. El resto, 29.772.003 euros que suponen un 69,68 %, se aportará desde el Gobierno de Cantabria y el operador del derecho de superficie en aquellas 212 viviendas que se van a construir a través de un contrato público privado.