«La mediación abre una puerta a la ejecución de las sentencias de derribo»

Se trata de un procedimiento totalmente novedoso en Cantabria, que la Sala tratará con «prudencia». Tal es así que el presidente del tribunal, Rafael Losada, convocará el pleno de la Sala, constituido por seis magistrados, para decidir si se admite o no la mediación. «Se trata de meditar y hablar con calma sobre la propuesta», subraya Losada, que cree que la mediación «podría abrir una puerta a la ejecución de las sentencias de acuerdo con los convenios urbanísticos firmados».

La decisión del tribunal tiene una gran trascendencia, ya que, si funciona, la vía del arbitraje podría ser extrapolable a las viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria. Al final de la legislatura, el Ejecutivo regional cuantificó en 54 millones las indemnizaciones que tendrá que pagar a los afectados de las 363 casas con sentencia firme de demolición.

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, «apoya totalmente» la mediación. El colectivo está pendiente de la decisión que adopte la Sala de lo Contencioso Administrativo para ir detrás. «Si es válido para solucionar ese conflicto, es válido para solucionar los demás. Estamos en situaciones semejantes y homologables y pediríamos que fuera aplicable a todos los procesos que llevan más de dos décadas sin resolverse».

La alternativa de la medicación requiere que todas las partes afectadas acepten el mecanismo. La Sala todavía no ha dado audiencia a los implicados (Gobierno regional, Ayuntamiento de Piélagos, propietarios y la asociación ecologista Arca, que es la denunciante) para que se pronuncien, pero en declaraciones a este periódico han expresado que, en principio, ven con buenos ojos acudir al arbitraje.

«Será una decisión importante de cara a que puedan plantearse otras mediaciones. Si estas dos fracasan no se promoverán más», vaticina Losada. Dada la novedad de la figura, el presidente del tribunal quiere ir con pasos de plomo. Por eso someterá el asunto al pleno de la Sala, que está presidido por el propio Losada e integrado por los magistrados de lo Contencioso Clara Penín, Esther Castanedo e Ignacio López Cárcamo y se completa con los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal Paz Hidalgo y Juan Piqueras.

En el tribunal conviven distintas sensibilidades en torno a los derribos y la ejecución de las sentencias, motivo por el que nadie se atreve a vaticinar qué posición adoptará la Sala. Si los jueces dicen mayoritariamente que no hay materia transaccionable «todo se irá al garete», sostienen fuentes jurídicas, que recuerdan que en el conflicto de los derribos ya ha habido un precedente de acuerdo entre las partes, aunque se produjo dentro del proceso de ejecución de sentencias.

Es el caso de Arnuero, donde Gobierno, Ayuntamiento, Arca y afectados pactaron la solución. La urbanización El Encinar, situada en la playa de La Arena, en Isla, con 144 apartamentos fue declarada ilegal por haber sido construida en mitad de un encinar. Se derribaron las 42 viviendas que se encontraban en estructura y nunca fueron habitadas. Las partes se comprometieron a la construcción de unas casas nuevas de sustitución en la zona de El Bocarrero de manera que cuando estén edificadas se tirarán los otros 102 apartamentos ilegales. De acuerdo con ese pacto judicial, que está siendo tutelado por la magistrada Esther Castanedo, el Gobierno asume la construcción, para lo que ya ha aprobado un gasto superior a los 11 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento pone a su disposición los terrenos ya urbanizados, y Arca, como denunciante, da por ejecutada así la sentencia.