La Ley de Memoria Histórica nace sin consenso y con el rechazo de 166 enmiendas de la oposición

«Les dijimos que esta ley tenía que ser aprobada por consenso. Ese era el mayor reconocimiento que podíamos a hacer a las víctimas. En lugar de aceptar la oferta de diálogo, han dado un auténtico portazo», lamentó el portavoz del PP, Íñigo Fernández, que como los representantes de Cs y Vox, entiende que la redacción final deja fuera a una parte de los represaliados durante la Guerra Civil: las víctimas del bando sublevado. Los populares entienden que el Gobierno quiere imponer a toda la sociedad cántabra un punto de vista concreto sobre lo ocurrido. «El PSOE lo ha impuesto al PRC y quiere imponer a toda Cantabria una ley que tiene por objeto reabrir heridas en la sociedad», insistió Fernández contra los de Revilla, a los que acusa de tragar con las exigencias socialistas. Por el lado contrario, el bipartito defiende que no ha habido diálogo porque la oposición lo ha rechazado desde el inicio.

En total, se introdujeron las 47 enmiendas socialistas y regionalistas que, según el portavoz naranja, Félix Álvarez, «dan cuenta de la chapuza» que era la ley cuando llegó a la Cámara, que «no había por donde cogerla». La diputada Paz de la Cuesta (PSOE) le respondió que los cambios son, en su mayoría, de carácter técnico, para introducir algunas de las aportaciones de los expertos que han comparecido en el Parlamento o las reclamaciones de los partidos de la oposición en pos de ese acuerdo que finalmente no ha sido posible. Por ejemplo, sí había acuerdo más o menos general en una de las enmiendas que salió adelante, consistente en reducir el periodo temporal en el que se centra la ley: será desde el golpe de estado de 1936 hasta la aprobación de la Constitución y no desde el inicio de la Segunda República hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria, como se había planteado en la primera versión. Algo que no gusta a colectivos memorialistas porque, entre otras cosas, dejaría fuera sucesos como el 'caso Almería'.

Otra de las mociones servirá para que «los gastos de exhumación no corran a cargo de los familiares y particulares». Es decir, que la administración debe asumir todo los costes, incluidos la investigación para localizar fosas o el posterior sepelio. «Reconoce como víctimas a todas las que en ese periodo fueron víctimas de la represión política», insistió De la Cuesta ante las acusaciones de que se centra únicamente en la reparación de uno de los bandos. Y recordó que, hasta ahora, el único exhumado en Cantabria con cargo al Presupuesto autonómico era una víctima del bando nacional.

Antes de estos últimos cambios, antes de la introducción de «mejoras técnicas y matices para una mejor reparación de todas las víctimas», como defiende el PSOE, el anteproyecto consideraba a las víctimas, principalmente, a aquellas que defendieron «la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista», además de los exiliados y aquellos que estuvieron en campos de concentración fuera de España.

Uno de los asuntos que más molestó desde el inicio a la oposición era la creación de una Comisión de la Verdad -ahora Comisión de Memoria-, elegida por el Gobierno con el objetivo, según el texto, de «conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos». Finalmente, el método de elección será algo distinto. Dos miembros los elegirá el Ejecutivo y tres el Parlamento entre profesionales de distintas disciplinas, como juristas, historiadores, psicólogos, investigadores, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos y miembros de grupos memorialistas. Algo insuficiente para PP -María José Sáenz de Buruaga lo calificó como una «aberración» cuando expuso la posición de su partido-, Cs y Vox, que se niegan a aceptar esta nueva institucion.

De hecho, los populares ya han anunciado que no participarán en la elección de los integrantes que corresponden a la Cámara, que deben votarse con mayoría de dos tercios en primera ronda o con mayoría absoluta -la que tiene el bipartito- si no es posible en el primer intento. Como recordaron ayer desde la oposición, en el plazo de un año este órgano tendrá que elaborar un informe que fije una verdad oficial sobre lo ocurrido en ese momento histórico.

«Es una ley sectaria, de bandos, que trata de eliminar la memoria y las libertades de los ciudadanos y que sólo reconoce una verdad: la del PSOE», rechazó Armando Blanco (Vox), que avisó de que el régimen de multas permitirá sancionar a quien se aleje de esa línea en sus declaraciones.

Durante la sesión de la Comisión del Parlamento en la que se debatió este asunto que impulsa la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, De la Cuesta le interpeló afirmando que el nuevo órgano seguirá los principios de «verdad, justicia y reparación», los que establece Naciones Unidas para situaciones de conflicto como la que regula la norma y los mismos en los que se basa la Ley de Víctimas del Terrorismo que esta formación impulsa en la región y que también está tramitando la Cámara.

Ante la acusación del PP de que el bipartito también pretende llevar a las escuelas ese relato «impuesto y basado en el adoctrinamiento», la diputada socialista subrayó que el único objetivo de PSOE y PRC es profundizar en el asunto para que «nunca más la violencia se use como instrumento político y que el Estado no se vuelva a convertir en agresor de sus ciudadanos».